La credibilidad de Correa

La credibilidad de Correa
cerdo capitalista
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La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador es una aberración hacia la libertad de expresión, aprobada irregularmente con el fin de controlar el contenido informativo a través de un consejo regulador.

El presidente Rafael Correa enfrenta el mismo problema de una prensa privada crítica a su gestión, al igual que varios gobiernos populistas latinoamericanos.

A diferencia de ellos, Correa estableció un hecho eminentemente político como es la expresión en los medios de comunicación que cubren sus gobierno en un simple “servicio público” de regulación gubernamental. Para ello, establece una entidad que vigile los contenidos informativos con poder de imponer multas y exigir rectificaciones. Como si esto fuera poco, se inventó el término legal de “linchamiento mediático” como los “intentos reiterados de destruir a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad”.

Es válido preguntarse si la aberrante ley de “linchamiento mediático” se aplicará a los medios gubernamentales o al mismo mandatario y su oficina de prensa.

El martes pasado se presentó una demanda judicial contra la ley, cuestionando su legalidad. Esperemos que prospere para proteger el derecho de los ecuatorianos a fuentes alternativas de información en vez del mensaje de “servicio público” establecido por el gobierno para sus fines políticos.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, asegura que la molestia de los medios a la ley se debe a que Correa tiene una credibilidad mayor que ellos. Discrepamos en este punto.

Creemos que esta censura refleja un pánico del Gobierno hacia las críticas, que obligó incluso a saltarse los procesos regulares legislativos para aprobar la ley con urgencia.

Un temor, precisamente a que el presidente no pueda mantener su credibilidad si no puede controlar a los medios independientes y convertirse en la única versión de la realidad. Esa que determina en los pasillos del poder qué tipo de información merecen conocer los ecuatorianos bajo la excusa de “servicio público”.

ImpreMedia/La Opinion