Buscados: juicio y sensatez

Inmigración

Con las idas y venidas sobre la probabilidad de lograr una amplia reforma de inmigración, hay mucho por exasperarse. Pero más frustrantes son las situaciones pequeñas y simples que pueden arreglarse por otros medios.

Consideremos el caso de Sergio García, que tiene un diploma de abogacía y pasó el examen del Colegio de Abogados de California pero no puede ejercer porque es un inmigrante ilegal. El estado de California está empujando los límites con una legislación controvertida que permitiría a García ejercer su profesión incluso si reside en los Estados Unidos ilegalmente.

Una ley que desafía la lógica y que le permitiría a dichos inmigrantes ser admitidos en el Colegio de Abogados de California está sobre el escritorio del gobernador Jerry Brown esperando la firma del gobernador, desafiando nuevamente la supremacía del Gobierno federal sobre los estados en casos de inmigración y antagonizando a aquellos que ya están en contra de cualquier reforma que incluya un camino a la ciudadanía porque parece que premia a quien ha quebrantado la ley.

Lo que se necesita en este caso no es encontrar una laguna en la legislatura estatal divisiva y ridícula sino un mínimo de sentido común.

¡Por favor! ¿Puede alguien darle a este hombre residencia legal?

Ante un sistema de inmigración quebrado con pocas perspectivas para la reforma, ¿por qué el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración no se ponen las pilas y abren una Oficina de Juicio y Sensatez?

García no es un delincuente reincidente que traspasó la ley voluntariamente y ahora está contando con la compasión para pasar al frente de la notoria lista de espera de ciudadanía. Además de haber trabajado durante sus estudios universitarios y pasar el examen del Colegio de Abogados en su primer intento, García, según dicen, ha sorteado cada uno de los obstáculos que se la ha pedido que aclare.

Se dice, solicitó su ciudadanía en 1994 con el patrocinio de la ciudadanía de su padre y fue aprobado para recibir una tarjeta de residente permanente en 1995. En ese momento se le dijo que iba a recibir su tarjeta en cuanto hubiera una disponible. Todavía está esperando.

¿Realmente no hay nadie en las oficinas relacionadas con inmigración que tenga la autoridad para decir: “Alguien obviamente perdió los papeles de este ciudadano modelo hace 18 años. Simplemente denle la tarjeta de residente permanente, así no tenemos que seguir buscando como los idiotas que claramente somos”?

Desde una simple perspectiva de relaciones públicas, esto parece obvio: una instancia legal lógica que podría lograr mucho terreno en deshacerse de a poco de la reputación del Departamento de Seguridad Nacional y todas sus subagencias de ser seriamente ineficaces.

Luego está el tema de la fallida iniciativa de discreción procesal. En junio de 2010, ICE declaró que iba a colocar sus limitados recursos humanos y financieros para trabajar en expulsar a los inmigrantes no autorizados que planteen el mayor riesgo para la comunidad.

Pero esto no es lo que sucedió.

La oficina The Transactional Records Access Clearing House, el centro de datos de la Universidad de Syracuse, publicó un análisis sobre la información de ICE que muestra que “no más del 14 por ciento de las ‘órdenes de detención’ emitidas por el Gobierno en el año fiscal 2012 y en los primeros cuatro meses del año fiscal 2013 lograron el objetivo declarado por la agencia de enfocarse en individuos que plantean una amenaza seria para la seguridad pública o la seguridad nacional. De hecho, aproximadamente la mitad de los 347,691 individuos sujetos a una orden de detención de ICE (47.7 %) no tienen antecedentes penales, ni siquiera una mínima infracción de tránsito”.

Antes de que la política de ICE fuera implementada, estudios del Gobierno determinaron —y muchas autoridades del orden público estuvieron de acuerdo—que “la discreción procesal” era el método más beneficioso para la comunidad, más económico y más eficaz para tratar con los casi 12 millones de inmigrantes no autorizados. Pero en lugar de concentrarse en los traficantes de drogas y otros dellitos, cientos de miles de delincuentes de bajo riesgo han recibido la atención que debería haber sido reservada para las verdaderas amenazas al país.

Este es otro ejemplo de cómo se pierden una rápida y fácil solución. ICE podría simplemente cumplir con sus mandatos y concentrarse en los peores de los peores en lugar de barrer vendedores de maíz y lavadores de carros. En el proceso, ICE podría ganar un poco de reputación como proveedor de “imposición inteligente” de tácticas en lugar de experto en persecución.

Esto demuestra una vez más la forma en que nuestro sistema de inmigración podría ser reformado para ser más eficiente y humano, incluso sin una reforma amplia llena de compromisos difíciles. Pero esto requeriría de la cosa que está faltando en todo lo relacionado con inmigraciones: una pizca de razón.