Juez prohíbe a Arpaio presentar cargos contra indocumentados
Un juez federal puso un alto al alguacil del condado de Maricopa en Arizona, quien ahora no podrá presentar cargos bajo la ley "anticoyote" contra inmigrantes indocumentados que pagan a los traficantes para acceder de forma ilegal al país
Activistas señalaron que más de 1,400 personas fueran afectadas por la ley que fue aprobada en Arizona en el 2005 y que sólo el condado de Maricopa aplicaba. Crédito: Archivo / EFE
PHOENIX.-Activistas calificaron hoy como una importante victoria la decisión de un juez federal que prohíbe al alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio y a ese condado, presentar cargos en contra de inmigrantes indocumentados que aceptan haber pagado dinero a traficantes de humanos para ser traídos de manera ilegal a Estados Unidos.
“La ley anticoyote, fue aprobada en Arizona en el 2005 y afectó a más de 1,400 personas, porque fue mal aplicada,” dijo hoy a Efe la directora del Comité de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Arizona, Lydia Guzmán.
En el 2006 se presentó una demanda a nivel federal, debido a que en todo el estado de Arizona, sólo Arpaio y la oficina del procurador de Justicia del condado Maricopa presentaban cargos estatales de “conspiración“, amparados bajo esa legislación, en contra de todos aquellos indocumentados que al ser detenidos aceptaban haber pagado dinero a traficantes de humanos, mejor conocidos como “coyotes”.
“Esta ley tenía buenas intenciones, fue aprobada con el propósito de castigar a los traficantes, quienes son los que lucran con los migrantes y ponen en peligro sus vidas, pero sin embargo de 15 condados que hay en Arizona, sólo en Maricopa comenzaron a poner estos cargos “ridículos” en contra de los migrantes”, aseguró la activista.
El pasado viernes, el juez federal Robert Broomfield dictaminó que la interpretación del condado Maricopa de la aplicación de la ley anticoyote, no puede ser aplicada como ha sido hasta el momento debido a que está en conflicto con la ley federal de inmigración.
El juez federal indicó que esta política criminaliza las acciones que el gobierno federal considera como violaciones civiles.
“Mucha gente fue afectada, pero ahora podemos asegurar que esto ya no estará pasando en Maricopa, esta victoria es tan significativa que quizás se podría aplicar a otros casos”, finalizó la activista.
