Gobierno acata sentencia contra haitianos

Reunión Consejo de Migración que analizó la sentencia contra los haitianos que perdieron su nacionalidad dominicana.

Reunión Consejo de Migración que analizó la sentencia contra los haitianos que perdieron su nacionalidad dominicana. Crédito: edlp

Santo Domingo — El Gobierno acató ayer la sentencia del Tribunal Constitucional que despoja de la nacionalidad dominicana a personas de ascendencia haitiana que están asentadas en el Registro Civil y, por lo tanto, tenían ese derecho.

“Paralelamente, el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia”, indicó el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, al concluir la reunión del Consejo Nacional de Migración que encabezó el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional.

“Como ha expresado el Presidente Danilo Medina por el fallo: aquí hay un problema humano que tenemos que resolver”, añadió Marchena.

Sin embargo, reiteró el compromiso del Gobierno con el respeto a la Constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales.

La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional asume como persona “en tránsito” a todo haitiano que se estableció en el país entre 1927 y 2007 y no legalizó su situación migratoria. Esto afecta a los miles de hijos de inmigrantes del vecino Haití que quedarán sin nacionalidad, aunque antes estuvieron asentados en el Registro Civil.

En la reunión del Consejo de Migración que encabezó Medina participaron, además de Rodríguez Marchena, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; el director de Migración, José Ricardo Taveras; el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez; y el ministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchy) Fadul.

El Consejo Nacional de Migración deberá, según mandato de la citada sentencia, implementar el un plan de regularización de extranjeros residentes en el país.

Organizaciones de derechos humanos rechazan la sentencia.

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