Parar y esperar

El jueves una corte de apelaciones en Nueva York ordenó una detención a la implementación de reformas para la práctica controversial de “parar y revisar” del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Lo más significativo fue la remoción por parte del panel a la jueza federal Shira A. Scheindlin, quien en agosto dictó la sentencia en contra del NYPD y el Alcalde Bloomberg.

El alcalde, quien apeló la decisión, aparentemente quiere terminar sus victorias en un ámbito personal y no al gusto de los residentes que sirve. Por encima de la apelación federal, también hay dos apelaciones municipales para detener las implementaciones de las leyes que el Concejo Municipal aprobó.

La decisión del panel judicial va por encima de la razón. No sólo socava la decisión de una jueza con un expediente prestigioso, sino la remoción de su persona —nunca antes visto en procedimientos legales y análisis de evidencia— es un golpe en el ojo a las leyes del Estado y al movimiento de los derechos civiles.

Tampoco nunca antes visto es que el mismo panel vaya a revisar la apelación, lo cual no es normal. Se supone que sea un panel nuevo a quien se le encomendaría la tarea. La norma judicial se ha ido por la ventana.

Si embargo, el tiempo burocrático está a favor del movimiento que luchó para reformar “parar y revisar”. La decisión de la apelación puede tardar de seis a ocho meses, lo cual significa que el próximo alcalde puede retirar las apelaciones a nivel federal y estatal.

La jueza que reemplaza a Scheindlin es Analisa J. Torres, quien fue nominada para la magistratura federal por el presidente Obama y confirmada por el Senado en abril. En el pasado, Torres ha sido una voz crítica sobre el uso de “parar y revisar” del NYPD.

Mientras tanto, es una desgracia que la reputación de una jueza sea empañada y que se ponga en juego una vez más los derechos civiles de nuestras comunidades. Y Bloomberg, junto al panel de jueces de apelación José Cabranes, John Walker y Barrington Parker, está enviando un mensaje erróneo.

La asociación de jueces de apelación de Nueva York debe pedir cuentas a este panel y unirse a la revisión del caso. Y debe enviar un mensaje claro: Que los jueces en el lado de la razón, las comunidades marginadas y los derechos civiles no van a ser socavados por líderes que ignoran el abuso del poder policial.