Corte Suprema de CA autoriza licencia de abogado a indocumentado
Con este fallo, a pesar de ser indocumentado, Sergio García podrá ejercer su profesión de abogado
El caso del abogado indocumentado Sergio García fue la base para la nueva ley que autoriza a indocumentados ejercer la profesión de abogado. Crédito: AP
La Corte Suprema de California emitió este jueves un dictamen que permite al mexicano Sergio García ejercer su profesión de abogado pese a su condición de indocumentado, sentando un precedente importante para el movimiento pro-inmigrante en Estados Unidos.
García, de 36 años, estudió derecho y pasó el examen de la barra estatal en su primer intento, y llevó su caso ante la Corte Suprema de California para conseguir su licencia profesional.
La Administración Obama, que en otras situaciones ha ayudado a los estudiantes indocumentados, en este caso había argumentado que una ley federal de 1996 prohíbe que las agencias gubernamentales otorguen licencias profesionales a indocumentados porque éstas operan con fondos públicos.
Pero García presentó la demanda argumentando que esa ley de 1996 contiene una importante excepción: las legislaturas estatales pueden aprobar leyes que autoricen la concesión de esas licencias.
La Corte Suprema de California escuchó los argumentos orales en septiembre pasado. Mientras tanto, la legislatura estatal aprobó una ley, promulgada por el gobernador Jerry Brown, que autoriza la concesión de la licencia de abogado a los indocumentados y entró en vigor el pasado 1 de enero.
Así, aunque García es indocumentado nada le impide colgar un letrero y ejercer su profesión como abogado independiente. La única traba es que no podría ser contratado por ninguna firma legal, según expertos.
Según el dictamen de la corte, Sergio, oriundo de Villa Jiménez, México, ingresó ilegalmente por segunda vez a EEUU en 1994 pero su padre, que es residente permanente, presentó una solicitud para su legalización.
Las autoridades de inmigración aceptaron el trámite de la solicitud de García en enero de 1995, bajo la categoría de “primera preferencia”. Alrededor de 1.1 millones de cónyuges o hijos de residentes permanentes esperan una decisión en sus casos, al igual que García.
