Padres de muerto por Taser en Florida exigen respuestas

Miami – El caso de un joven artista colombiano que murió tras recibir una descarga de pistola Taser mientras pintaba un grafiti en Miami Beach, puso en tela de juicio las prácticas sobre el uso de ese tipo de arma por parte de la Policía.

Israel Hernández-Llach, de 18 años, era un artista que pintaba este tipo de obra en las paredes de un McDonald’s en la ciudad cuando fue visto por agentes que intentaron arrestarlo, pero él se resistió por lo que el oficial Jorge Mercado le aplicó la descarga eléctrica.

Hernández-Llach murió el 6 de agosto pasado, minutos después de recibir el impacto con la Taser, según confirmó la autopsia.

Los padres del joven colombiano demandaron a la ciudad por “uso excesivo de fuerza” y la querella sugiere además que hubo una demora en llamar a los paramédicos.

Por su parte, la Policía se defiende argumentando que el oficial observó al joven corriendo hacia él. Mercado permanece bajo licencia administrativa.

Los abogados de la familia afirman que las autoridades sólo han dado a conocer uno de los informes de su investigación interna y no han informado sobre las causas de la muerte.

La familia del joven fallecido quiere una investigación independiente de una agencia federal o estatal.

En la actualidad, el Departamento de Policía de Florida revisa la pesquisa interna de la policía de Miami Beach sobre el caso.

Una carta entregada por los familiares del joven a la fiscal de la ciudad, Katherine Fernández Rundle, exige respuestas al caso, ya que consideran que deben ser modificados los reglamentos para el uso de pistolas Taser por parte de la Uniformada.

Datos oficiales indican que, en 2005, 2007 y 2008, las Taser -que emiten una descarga paralizante- fueron utilizadas por la policía de Miami-Dade en casos dudosos, además de que luego de investigaciones internas no hubo sanciones.

Una pistola Taser trabaja con un sistema de dardos filoguiados que generan una descarga de 400 voltios durante cinco segundos y pueden impactar a un sospechoso hasta 10 metros de distancia.

Lida Rodríguez Taseff, miembro de la Junta de Justicia Latina, acusó a la Policía de utilizar ese tipo de descargas “como si fueran juguetes” y cuestionó que las corporaciones consideren a ese tipo de arma como no-letal, cuando de hecho es “un arma menos-letal”.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció, por su parte, que la seguridad médica de las descargas con pistolas Taser todavía está siendo cuestionada.

La ACLU consideró que, sin una capacitación y limitaciones claras sobre su uso, los agentes pueden usarlas no porque sea apropiado en una situación específica, sino porque es el arma que está a su disposición.

Unas 16,000 agencias de ley a nivel internacional utilizan estas armas.

Sin embargo, tras el incidente del joven, cinco departamentos de policía en el norte de Texas –Mansfield, Richland Hills, Crowley, Murphy y Burleson– anunciaron que las habían quitado de la lista de los equipos utilizados por sus policías.

Aunque ninguno de esos departamentos explicaron por qué decidieron retirar el uso de las pistolas Taser, expertos estiman que lo hicieron para protegerse de las demandas.

Entre 2001 y 2012, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) informó que más de 500 personas en Estados Unidos murieron tras recibir descargas de Taser, ya sea durante su detención o en la cárcel.

AI instó a las corporaciones a por lo menos disminuir la frecuencia con la que usan ese tipo de arma. Aunque basado en el número de demandas presentadas en contra de los departamentos de policía en todo el país, no parece que las autoridades escucharán.

Según AI, el estado con el mayor número de muertes relacionadas con el uso de pistolas Taser es California, donde 92 personas fallecieron tras recibir descargas durante el periodo que realizó el estudio.

El siguiente estado con la mortalidad más alta es Florida, con 65 decesos, seguido por Texas, con 37.

En 2009, la empresa Taser International indicó a los usuarios que no deben apuntar al pecho de una persona (como sucedió en el caso de Hernández-Llach) y advirtió que el uso del producto “podría provocar la muerte o lesiones graves”.

Expertos señalan que, con esa delimitación de derechos y obligaciones, la empresa Taser no es legalmente responsable por cualquier muerte o lesiones graves que puedan ocurrir, dejando a las autoridades policiales la posibilidad de ser demandados.