Enrique Peña Nieto va contra los secuestros
Desde hoy centraliza el gobierno federal el combate contra este delito que aumentó durante esta administración
La Secretaría de Gobernación creó la Coordinación Nacional Antisecuestro que arrancará este martes sus operaciones. Crédito: AP
CIUDAD DE MÉXICO – Lo prometió una y otra vez en campaña rumbo a la presidencia: Enrique Peña dijo que atacaría los delitos de impacto directo a la población como el secuestro que toma por igual a ricos y pobres, a nacionales y extranjeros radicados el país, ya un chino o un carnicero; un campesino o familiar de emigrante.
Sin embargo en el primer año de este gobierno (2013), las organizaciones civiles Alto al Secuestro y el Observatorio Nacional Ciudadano reportaron 2754 casos en el país en sus archivos, lo cual contrasta drásticamente con las cifras oficiales que registraron 1695 menos.
“Es una burla para los ciudadanos”, dijo Isabel Miranda, presidenta de Alto al Secuestro que fundó tras el plagio, asesinato y desmembramiento de su hijo Hugo Alberto a manos de una banda criminal encabezada por un ex policía a quien capturó personalmente en medio de la impunidad.
El problema es que los gobiernos de los estados maquillan las cifras, denuncia esta activista. O no aplican protocolos de actuación o les falta personal o equipamiento o se corrompen o intimidan. O todo a la vez.
Contra tal situación, la Secretaría de Gobernación creó la Coordinación Nacional Antisecuestro que arrancará este martes sus operaciones.
La nueva institución será vigilada por un comité de evaluación y seguimiento en el que participarán la Marina, la Procuraduría General de la República, los gobernadores y organizaciones ciudadanas en un intento más contra el delito que registra sus peores niveles en el Estado de México, con 590 plagios en 2013; Morelos (240); DF (202) y Tamaulipas con 200.
Las cifras son sólo un marco de referencia porque los delitos no denunciados superan el 80% por la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias contra los culpables que desde 2010 pueden alcanzar hasta 70 años de cárcel.
El problema principal, en muchos casos, es probar el delito ante el juez o que éste dicte la pena. En un ejemplo reciente de secuestro a familias de emigrantes en Coatzingo, Puebla (centro), capturada en 2012, los cuatro implicados continúan sin sentencia.
