Fiscalía española pedirá $810,000 a infanta Cristina

La hija del rey Juan Carlos comparecerá el sábado ante un juez de Palma por un presunto delito fiscal donde está involucrado su esposo, Iñaki Urdangarin

El esposo de la infanta es acusado de malversación de fondos.
El esposo de la infanta es acusado de malversación de fondos.
Foto: EFE

Palma de Mallorca.- La Fiscalía Anticorrupción pedirá a la infanta Cristina, segunda hija del rey de España, unos $810,000 en concepto de responsabilidad civil en el marco de la investigación que lleva a cabo un juzgado de Palma (Islas Baleares, Mediterráneo).

La petición figura en el escrito de acusación del caso Nóos que está elaborando la Fiscalía Anticorrupción con vistas a finalizar la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta Cristina como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen.

Cristina de Borbón comparecerá el sábado próximo ante un juez de Palma imputada por un presunto delito fiscal en relación con la gestión de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, también imputado.

La investigación intenta determinar si a Aizoon llegó dinero de los fondos públicos presuntamente malversados entre 2003 y 2007 por el Instituto Nóos, presidido por Urdangarin, según fuentes judiciales.

Los $810,000 solicitados por la fiscalía son la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos supuestamente procedentes de Nóos.

La Justicia quiere saber Cristina de Borbón, “ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda de Barcelona u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados” de la empresa llamada Aizoon, con la que ella y su marido gestionaban su patrimonio.

El año pasado el juez instructor impuso a Urdangarin una fianza de responsabilidad civil de $11 millones.

La infanta debería hacer frente a la responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.

La fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al 50% de Aizoon con su marido, Iñaki Urdangarin, de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito.