Critican ley migratoria que “exilia” ciudadanos de EEUU

Miles de estadounidenses se ven obligados a ir a otros países con sus parejas que han sido deportadas

Kimberly Griffith era maestra de matemáticas en Carolina del Norte pero ahora vive en San Juan del Obispo, un poblado cerca de Antigua, Guatemala.

Kimberly Griffith era maestra de matemáticas en Carolina del Norte pero ahora vive en San Juan del Obispo, un poblado cerca de Antigua, Guatemala. Crédito: Suministrada

Kimberly Griffith era maestra de matemáticas en Carolina del Norte pero se enamoró de un inmigrante indocumentado y ahora vive en San Juan del Obispo, un poblado cerca de Antigua, Guatemala, exiliada por las leyes migratorias de los Estados Unidos, que deportaron a su marido Carlos Marroquín y que no le dan la opción de patrocinar su residencia.

“Es un secreto sucio de nuestro país: las leyes son injustas no sólo con muchos inmigrantes sino con ciudadanos como yo que sufrimos sus consecuencias”, cuenta Kimberly, desde Guatemala, durante una sesión de Skype junto a su marido Carlos. “La Constitución de mi país me da derecho a perseguir la felicidad, pero las leyes no me lo permiten”.

El cambio de Carolina del Norte a Guatemala no ha sido fácil para Kimberly. Atrás dejó su trabajo y dos hijas universitarias de 19 y 20 años de edad, de su primer matrimonio.

Carlos, quien había vivido en Estados Unidos durante 16 años sin tener problema alguno con la justicia, fue arrestado manejando camino al trabajo en Hendersonville, Carolina del Norte y luego de pasar tres meses en centros de detención, deportado en junio. Dos semanas después, Kimberly lo dejó todo y se fue con él.

Como tiene una deportación anterior al intentar cruzar la frontera, Carlos tiene una prohibición de por vida de regresar a EEUU, aunque en la práctica su esposa podrá solicitar su reingreso al país después de 10 años de haberse ido. Es poco consuelo para Kimberly, quien quisiera poder vivir en su país y estar con su esposo, a quien califica de “buen hombre, trabajador, que nunca se metió en problemas”.

Esta situación no es única: hay potencialmente miles de ciudadanos estadounidenses que viven esta realidad. Algunos, como Kimberly, han tenido que abandonar su país de nacimiento para reunirse con un esposo o esposa que ha sido deportado o han salido del país para tratar de hacer las cosas “de la forma correcta, solicitando visa” y han quedado atrapados del otro lado.

Randall Emery conoce a muchas de esas familias desde que fundó la organización American Families United a raíz de su propia experiencia tras casarse con una inmigrante colombiana y pasar años tratando de patrocinar su residencia sin éxito. “Ahora tenemos cientos de miembros y nos estamos preparando para ir a Washington a finales de febrero a reunirnos con alrededor de 40 congresistas para impulsar una solución”, dijo Emery.

En el drama de las deportaciones y el complicado sistema de inmigración legal, casi nunca se escucha hablar del efecto que todo esto tiene en muchos ciudadanos estadounidenses. “Tengo un ancestro que peleó en la guerra revolucionaria. Algunos de nuestros miembros son de la época de la conquista del oeste. Tenemos raíces profundas en este país y a diferencia de nuestros antepasados, nosotros no podemos tener documentación legal para nuestras parejas”, dijo Emery.

No se sabe cuantos estadounidenses hay en esta situación. El Censo estima que hay 4.1 millones de nativos estadounidenses casados con extranjeros, pero nadie ha podido extrapolar cuántos de estos se casaron con indocumentados para quienes es difícil o imposible el patrocinio de una tarjeta verde por restricciones de la ley. Emery estima que por lo menos “cientos de miles”.

Por el momento, en un comité del Congreso languidece un proyecto de ley presentado en octubre pasado por dos congresistas, Steve Pearce, (R-Nuevo México) y Beto O’Rourke, (D-Texas). El proyecto HR 3431 (Acta de las Familias Americanas Unidas) restauraría autoridad discrecionaria a jueces y agentes de inmigración para permitir la revisión de casos de estadounidenses separados de sus familiares debido a problemas legales menores o a delitos cometidos cuando el inmigrante era menor de edad.

“La mayoría de las personas piensan que si un inmigrante se casa con un ciudadano todo va a salir bien y se pueden patrocinar los papeles”, indica Emery. “Así fue por generaciones y así era hasta 1996. Lo que queremos es que se restaure algo de la flexibilidad que permite evaluar caso por caso. Cada vez son más los estadounidenses que están siendo afectados por este sistema migratorio sin sentido”.

Para leer más sobre la organización, incluyendo casos de todo el país de estadounidenses que han tenido que abandonar su tierra para reunirse con sus cónyugues, visitar esta página de Internet: www.americanfamiliesunited.org.

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