Indocumentados dan a Obama ideas para frenar deportaciones
Un grupo ofrece consejos al Presidente para ampliar las protecciones a este sector de la población
Esta semana se incrementó la presión sobre el presidente Barack Obama, para que cambie su política de deportaciones que está alcanzando números récord. Crédito: Getty
Washington – En vez de continuar las deportaciones masivas, la Administración Obama debe ampliar las protecciones para los indocumentados y eliminar los programas que les estrechan el cerco, incluyendo “Comunidades Seguras” y el programa “287g”, según un informe divulgado este jueves.
El documento de 10 páginas, adelantado a La Opinión, fue elaborado por un grupo conformado por una treintena de inmigrantes indocumentados y algunos ya regularizados.
El documento incluye algunas recomendaciones similares a las que presentó el miércoles el Caucus Hispano al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, quien realiza una revisión de las políticas de deportaciones por órdenes de Obama.
- Ampliar el programa de “acción diferida”, que suspende las deportaciones, para el mayor número de indocumentados posible.
- Eliminar programas policiales como “Comunidades Seguras” y “287g”
- Eliminar la “cuota” de 34,000 camas en los centros de detención de inmigrantes, para desalentar los arrestos masivos de indocumentados
- Mejoras en los centros de detención de inmigrantes, en particular el acceso a cuidado médico y servicios legales, y las protecciones contra actos de violencia
- Reevaluar las prioridades de ICE para la expulsión de indocumentados, de manera que se eliminen las deportaciones de personas condenas por infracciones menores, con órdenes de deportación, o que reingresan ilegalmente a EEUU
- Frenar la colaboración con autoridades locales o estatales, como el alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa, en Arizona, que “violan los derechos civiles”.
- Desmantelar “Operation Streamline”, que exige el procesamiento judicial de buena parte de los indocumentados detenidos en la frontera y que, según activistas, ha contribuido a que las infracciones migratorias conformen el 40% de las condenas criminales a nivel federal.
- Ampliar un programa humanitario que permita el regreso de personas deportadas que dejaron familias en este país y tienen vínculos comunitarios en EEUU.
- Otorgar protecciones y “acción diferida” a personas que han presentado quejas por violaciones a los derechos civiles, humanos o laborales porque, según activistas, muchas empresas amenazan con la deportación a inmigrantes que reclaman sus derechos.
- Cancelación de contratos federales con empresas privadas, como Corrections Corporation of America (CCA), que operan cárceles y centros de detención y que, en aras de mayores ganancias, presionan por políticas que incrementen las detenciones, según el documento.
- Eliminar la “Iniciativa para la Deportación de Inmigrantes Criminales” (CAR, en inglés) que, según el documento, permite redadas indiscriminadas en zonas residenciales y sitios públicos donde se congregan inmigrantes.
- Eliminar las deportaciones expeditas de niños y jóvenes indocumentados que cruzan solos la frontera.
- Adoptar políticas sobre la “discreción procesal” para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para limitar las redadas, y medidas para poner fin a la muerte de migrantes en la frontera.
- Renegociación de acuerdos comerciales que, según los activistas, contribuyen al desplazamiento de los migrantes hacia el Norte.
