Ejecución en Oklahoma desata polémico debate

HOUSTON, Texas.- La ejecución de Clayton D. Lockett realizada este martes en Oklahoma será una de las armas legales más fuertes de abogados y organizaciones de derechos civiles para retrasar o suspender futuras ejecuciones en Estados Unidos.

Durante años, abogados de personas condenadas a muerte han insistido en que la integridad de los componentes de las drogas utilizadas para las ejecuciones, además de la información sobre los proveedores es esencial para evitar transformar una ejecución en tortura inconstitucional.

Sin ir más lejos, casos como el del mexicano Ramiro Hernández, quien fue ejecutado este mes en Texas, fueron debatidos hasta el final, debido que el Departamento de Justicia del estado no ha difundido el nombre del nuevo proveedor de la droga Pentobarbital.

“Sin información respecto al origen de las drogas, su pureza, potencia e integridad, no se puede evaluar el posible riesgo de dolor cruel e inusual que podría experimentar y que viola la octava enmienda”, dijeron las abogadas en la demanda.

Hasta ahora el tema sigue vigente en la Corte Suprema de Texas, a pesar de que tanto Hernández, como el estadounidense Tommy Sells fueron ejecutados.

El caso de Lockett sin duda será un ejemplo útil y ya ha mostrado sus efectos inmediatos, al suspenderse dos ejecuciones más en el estado. Convulsiones y jadeos demostraron un evidente sufrimiento físico que se prolongó por más de 30 minutos y que obligó a detener la ejecución. El reo murió de un ataque al corazón luego que todo el proceso se paralizara.

Durante su ejecución se utilizó una mezcla nueva en la inyección letal que incluyó el anestésico midazolam, el paralizante bromuro de pancuronio y cloruro de potasio, que detiene el ritmo cardíaco. Lockett había demandado al estado por negarse a revelar detalles sobre los fármacos que se utilizarían.

“Las circunstancias que rodearon la fallida ejecución y muerte de Clayton Lockett resaltan la brutalidad de la pena de muerte y espero que lleve a reconsiderar si se debe establecer una moratoria a la pena de muerte e incluso abolirla”, aseguró el arzobispo de Oklahoma Paul Coakley.

Este año se ha ejecutado a 20 personas y hasta el momento existen siete reos con fecha para enfrentar la inyección letal en 2014 que no han logrado suspender sus ejecuciones.

Este año sólo cinco estados utilizarán la inyección letal: Texas, Oklahoma, Florida, Missouri y Ohio. En 2013, esa lista incluyó también a Virginia, Alabama, Arizona y Georgia.