El trago amargo de la acción afirmativa

Tribunal Supremo parece no aprender de su propia historia. El nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa establecerá un precedente para muchas jurisdicciones que no les interesa la diversidad en sus universidades ni lo que eso le brindaría a millones de personas provenientes de grupos minoritarios. La acción afirmativa ha funcionado por décadas como un mecanismo para facilitarle el espacio a muchos de los nuestros que por años han sido excluidos del avance económico y social.

Peor aún es que el Tribunal Supremo alude que los procesos democráticos garantizan la justicia social. Según el juez Kennedy: “no hay autoridad en la constitución de EE.UU. ni en los precedentes de este Tribunal para que los jueces desechen las leyes de Michigan que otorgan esa determinación política de los votantes” Parece que Kennedy sufre de una corta memoria. En varias ocasiones, la corte ha tenido que inmiscuirse en las batallas entre la “mayoría” y la “minoría” para hacer cumplir y fomentar los principios constitucionales más básicos tales como igual trato bajo la ley, incluso cuando hubo procesos democráticos que reflejaban una clara tendencia mayoritaria. El tribunal supremo tiene que conservar su papel de salvaguardar los derechos de los grupos que históricamente han sido oprimidos y que todavía viven con la esperanza de la equidad social.

En 2006, los residentes de Michigan aprobaron una enmienda constitucional con el 58% de apoyo que le prohíbe a las universidades públicas considerar la disparidad social a que se enfrentan minorías raciales o étnicas. Sin embargo, el tribunal supremo de EE.UU., en los casos Regents of Univ. of California v. Bakke (1978) y Grutter v. Bollinger (2003), reconoció el derecho de las universidades de promover la diversidad y de utilizar el uso de raza, no como factor determinante, sino como uno de muchos factores, en sus admisiones.

Sorpresivamente, hoy en 2014, cuando la población Latina asciende a unos 50 millones y sigue viviendo bajo altos niveles de pobreza, la corte en Schuette validó la enmienda de Michigan cuyo propósito es de crear barrerras adicionales a miles de estudiantes de grupos minoritarios. Schuette debilita lo que Grutter había adelantado.

El cambio demográfico de EE.UU. nos obliga a poner en marcha políticas que amplíen las oportunidades para los grupos minoritarios. Los efectos de Schuette podrían socavar los logros de muchos estudiantes que sin la acción afirmativa, nunca podrán pisar las universidades más prestigiosas del país.

Las minorías representan casi el 36% de la fuerza laboral. Para el año 2018, sobre el 60% de los empleos requerirán una educación universitaria, sin embargo, solamente el 14% de los hispanos y 20% de los afroamericanos ostentan un título universitario actualmente. Con esta decisión del Tribunal Supremo, ¿con qué fuerza podemos obligar a las universidades, los sectores laborales, gubernamentales, y privados a estar comprometidos a fomentar la diversidad y así asegurar el progreso económico de los nuestros?