Inicia juicio contra alguacil de Alamance por discriminar a hispanos

Dos policías retirados testificaron contra el jefe policial del condado de Alamance, Carolina del Norte, quien ordenaba arrestar a hispanos por violaciones al reglamento de tránsito en lugar de multarlos.El testimonio de los exagentes contra Terry Johnson, considerado el alguacil más “temido” de Carolina del Norte, se realizó el martes en el inicio del juicio en el el jefe policial enfrenta cargos de perfil racial contra latinos.

Los teniente Ken Evans y Stephen Perry dijeron a un juez federal que entre 2007 y 2008 escucharon a Johnson, exigir a sus oficiales que “arrestaran” a los latinos en vez de emitir multas como a los demás ciudadanos por infracciones menores de tránsito en los puntos de revisión en las afueras de vecindarios latinos.

El juicio comenzó el martes a cargo de Thomas Schoroeder, juez federal de distrito en la ciudad de Winston-Salem, en el norte del estado, y escuchó los testimonios iniciales del Departamento de Justicia (DOJ), que demandó en 2012 al alguacil por violación a los derechos constitucionales y perfil contra hispanos.

Por su parte, el abogado de Johnson, S.C. Kitchen, argumentó que los agentes del alguacil del condado de Alamance no discriminan, y que basará su defensa en testimonios.

Johnson acompañó a sus abogados y en breves declaraciones a la prensa dijo “estar listo para la batalla”.

Alamance es un condado de más de 154,000 habitantes, a menos de dos horas de Charlotte, la ciudad más grande del estado, con una población hispana creciente que alcanza el 12%.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Fairness Alamance y otros grupos comunitarios hispanos comenzaron a denunciar las prácticas irregulares de los agentes del alguacil a raíz de la implementación en 2007 del programa 287 (g), que otorga autoridad migratoria a autoridades locales, en este caso en la cárcel del condado.

En 2010, el DOJ comenzó a investigar las alegaciones de los grupos, entrevistó a más de 125 personas, y dos años después, corroboró que había suficientes evidencias para concluir que existía “una cultura de violación a los derechos civiles de los latinos”.

Según la agencia federal, los agentes realizaban retenes de tránsito frecuentes en las afueras de vecindarios de esta comunidad para detenerlos y llevarlos a la cárcel para ser identificados por el 287 (g) y acelerar las deportaciones de los indocumentados.

Estadísticas recopiladas por el DOJ encontraron que los conductores hispanos eran 10 veces más detenidos por los alguaciles de Alamance por infracciones menores de tránsitos que los miembros de otras comunidades.

Blanca Zendejas, fundadora de Latinos Unidos Promoviendo Esperanza (LUPE), estuvo presente en el juicio junto con otros hispanos.

“Es importante que haya presencia de la comunidad, de la gente humilde que ha sido afectada por las acciones del alguacil”, dijo la líder mexicana a Efe.

Zendejas cooperó con el DOJ cuando en 2010 comenzó a realizar las investigaciones, pero considera que la “situación no ha cambiado mucho”.

“En Alamance siguen habiendo retenes, la gente vive asustada por la policía, los alguaciles los esperan en la entrada de las urbanizaciones de casas móviles”, reiteró.

El DOJ también incluyó en su demanda civil las pruebas de supuestas frases peyorativas que utilizaba Johnson con sus agentes al referirse a los inmigrantes como “comedores de tacos”, acusarlos de “traer prostitución y drogas a las comunidades”, propensos a beber licor y a tener sexo con menores de edad.

El DOJ demandó en 2012 a la oficina de Johnson al no llegar a un acuerdo sobre cambio de políticas del departamento relacionadas a trato de los latinos.

Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) suspendió a finales de 2012 la aplicación del 287 (g) en Alamance y restringió a su vez el uso del programa Comunidades Seguras, mediante el cual las cárceles cooperan con Inmigración para identificar indocumentados.

Johnson, un popular alguacil republicano, que ocupa el puesto desde 2002 y que busca la reelección en noviembre, insiste en su inocencia y ha catalogado la demanda federal como “movida política” originada por su postura contra los indocumentados

Con información de EFE