Denuncian trabas para regularizar hijos de inmigrantes en Dominicana

Santo Domingo — Un grupo de organizaciones denunció este miércoles el incumplimiento del gobierno del decreto 250-14 que crea el reglamento para el proceso de inscripción y registro de hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en situación migratoria irregular, el cual favorece sobre todo a descendientes de inmigrantes haitianos.

Las organizaciones, agrupadas en la denominado “Plataforma 169”, del Comité Nacional para el Apoyo y Monitoreo de la Ley 169-14, destacaron que después de transcurrido 29 de los 90 días establecidos por el citado decreto para registrarse, sólo lo han podido hacer unas 200 personas de las más de 100 mil que se estima están llamadas a depositar sus solicitudes.

“A nivel nacional sólo 11 unidades habilitadas por el Ministerio de Interior y Policía están funcionando para este proceso establecido en la Ley 169-14, y muchas de ellas de manera interrumpida, dejando fuera la zona fronteriza, donde más se concentra la población llamada a registrarse”, dijeron los representantes de Plataforma 69, en una rueda de prensa ofrecida en el Centro Bonó, una organización católica del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes.

Recordaron que el decreto, emitido por el presidente Danilo Medina el pasado 29 de julio, establece el reglamento a seguir para que las personas nacidas en República Dominicana de padres y madres extranjeros, que no tienen documentación, puedan obtener un documento que acredite su identidad, y eventualmente la nacionalidad dominicana por naturalización.

“Las más de 20 organizaciones que componen Plataforma 169 han identificado varias trabas en el proceso de implementación de este reglamento”, indicaron. “Se ha fallado en la implementación del decreto porque no se están recibiendo las solicitudes en la mayoría de los centros de atención y porque reina la desinformación en el proceso”, añadieron.

“Exigimos que se acelere la implementación de la Ley, que se abran más centros y se desarrolle una campaña de información, para cumplir con la Ley en el tiempo establecido”, indicaron. “Este retraso en la habilitación de los centros para acoger a este grupo de personas limita y excluye. Constituye una traba que contradice lo dispuesto en la Ley sobre ser efectivo y expedito”.

Denunciaron que, a la falta de acondicionamiento de las oficinas, se suma la desinformación de parte de los funcionarios que laboran en los centros de atención habilitados por el Ministerio de Interior y Policía.

Señalaron que las oficinas que funcionan no reciben las solicitudes si no se entregan todos los documentos, contradiciendo así el artículo 13 del Decreto, que establece un plazo de hasta 30 días para completar la solicitud.

El comité también denuncia que los centros exigen haber nacido antes del 19 de abril de 2007 para poder registrarse, sin embargo, “ni la Ley 169-14 ni el Decreto 250-14 establecen este requisito”.

“También se violan la ley y el decreto al requerir como obligatorio un documento de identidad de alguno de los padres, cuando en ninguna parte de la ley ni del decreto lo establece como requisito. Esto representa un importante obstáculo para solucionar la situación de esta población que de esta manera corre un mayor riesgo de permanecer en situación de apátrida”, resaltaron.