Jueces de inmigración piden independizarse del Departamento de Justicia
Denise Noonan Slaving (i) y Dana Leigh Marks piden en Washington DC, la reforma de las cortes de inmigración. Crédito: María Peña / impreMedia
WASHINGTON, D.C.— Ante la creciente sobrecarga de trabajo en las cortes de inmigración, agudizada tras la crisis de menores migrantes y familias con niños detenidos recientemente en la frontera, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha reiniciado su vieja lucha para independizar el sistema de tribunales del Departamento de Justicia.
Los 243 jueces de la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR) no se dan abasto ante el embotellamiento de más de 375 mil casos, agravado por la crisis en la frontera, porque tienen orden del gobierno federal de dar prioridad al procesamiento de sus casos, explicaron las juezas Dana Leigh Marks y Denise Noonan Slaving, de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) .
La demora actual es de un promedio de hasta tres años para resolver un caso.
Pese al despliegue de un centenar de abogados adicionales para agilizar la carga en el sistema de cortes de inmigración, no ha tenido un impacto notable, aseguraron las juezas representantes del sindicato.
La “separación” del sistema de cortes de inmigracion del Departamento de Justicia “para mejorar su eficacia y darle transparencia” se ha intentado sin éxito desde 2002 por parte de NAIJ.
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“No debemos estar funcionando bajo el paraguas de una agencia federal cuya misión es el cumplimiento de las leyes… queremos independizarnos para recibir la atención que merecemos, porque llevamos casos de vida o muerte para la gente” que afronta deportación, explicó Marks, presidenta de NAIJ, quien se quejó de que el Departamento de Justicia, del cual depende EOIR, los trata “como la cenicienta”, al momento de la asignación de fondos del Congreso.
Slavin, vicepresidenta ejecutiva de NAIJ, reconoce que la reforma del sistema requiere la venia del Congreso y que “eso tomará mucho tiempo”.
Para el sistema de cortes de inmigración se destina, dijo Marks, apenas el 1.7% ($306 millones) de los $18,000 millones asignados por el gobierno federal para la aplicación de las leyes de inmigración.
Como resultado, dijeron Marks y Slaving, los jueces de inmigración se ven obligados a trabajar con computadoras que con frecuencia no funcionan, a realizar audiencias sin la ayuda de asistentes, agentes de seguridad o archivistas.
- Reforma institucional y separación de Depto. de Justicia
- Incrementar el número de jueces para lograr la meta de 600 casos por juez
- Más intérpretes, más personal administrativo y legal, y más recursos tecnológicos.