Tlatlaya puede ser un símbolo positivo

Hace sólo tres meses pocos sabían de la existencia de Tlatlaya, un municipio del Estado de México que tiene unos 33 mil habitantes y colinda con Michoacán y Guerrero. Hoy, ese pequeño enclave ha cobrado una relevancia súbita debido a que el pasado 30 de junio fue escenario de un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros del crimen organizado que ha puesto en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el enfrentamiento se produjo cuando un grupo de soldados que hacía un rondín vio una bodega custodiada por personas armadas. Al acercarse, fueron recibidos a balazos. El saldo fue de un militar herido y 22 delincuentes muertos, entre ellos una menor de 15 años.

En su escueto informe, la Sedena agregó que en la bodega se fabricaban metanfetaminas y que se encontraron 38 armas, así como tres mujeres que estaban secuestradas.

Pero la versión de la Sedena no convenció a todos. Varios medios empezaron a indagar más, entre ellos la revista Esquire y la agencia AP, que entrevistaron a una mujer testigo de la matanza, quien afirma que, con excepción de un civil que falleció en el tiroteo, los soldados mataron a todos los demás cuando ya se habían rendido. Es decir, los ejecutaron.

La publicación de este testimonio ha levantado, como era de esperarse, un escándalo que ha trascendido las fronteras mexicanas. Tanto el Departamento de Estado de este país, como las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido al gobierno mexicano que investigue lo ocurrido. En su reciente visita a Nueva York, el propio Peña Nieto tuvo que prometer que su administración no se quedará cruzada de brazos.

Pese a ello, difícilmente el gobierno tendrá verdadera voluntad política para esclarecer los hechos. En primer lugar porque, debido a la corrupción que impera entre los cuerpos policíacos, se han dejado en manos del ejército todas las tareas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada. El aceptar que las fuerzas armadas cometen abusos a los derechos humanos al llevar a cabo este trabajo debilitaría la credibilidad de esta institución y, por ende, la estrategia gubernamental en este renglón.

Sin embargo, Peña Nieto debería reconocer que a su administración tampoco le conviene que vuelvan a darse este tipo de situaciones. No sólo empañan la imagen del ejército sino también la de su presidencia. Por ello, lo más conveniente sería investigar lo ocurrido y castigar a los responsables, en caso que los haya. De esta forma, Tlatlaya se convertiría en un símbolo de que en México sí es posible terminar con la impunidad que tanto daño y sufrimiento nos ha causado