Iguala: daño colateral

Equiparar la ejecución de Tlatlaya en manos del ejército, con el asesinato y desaparición de estudiantes en Iguala, muestra la disposición de ambas partes a justificar infamias

Activistas marchan en Ciudad de México en apoyo a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero.

Activistas marchan en Ciudad de México en apoyo a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero. Crédito: EFE

Cuándo la dirección nacional del PRD fue a negociar con el gobierno federal la cabeza del gobernador de Guerrero pidiendo a cambio la del gobernador del Estado de México, el país debió haber sentido un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Los Chuchos, que controlan la dirección del partido, defienden a dos de los suyos: el gobernador del Estado y el alcalde de Iguala.

Equiparar la ejecución de Tlatlaya en manos del ejército, con el asesinato y desaparición de estudiantes en Iguala, muestra la disposición de ambas partes a justificar infamias para mantener espacios de poder, de corrupción e impunidad. Acordaron que no habrá castigo.

El alcalde de Iguala fue denunciado desde el año pasado debido al asesinato de un líder perredista local, el gobierno federal no hizo nada, el acusado impunemente empezó la campaña para que su esposa lo sucediera en el puesto.

El conflicto en Iguala gira alrededor de la demanda de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: piden reparación de las instalaciones del plantel y aumento a los recursos para su sustento. En 2011 llevaron la demanda a la capital del Estado, Chilpancingo, bloquearon la autopista a Acapulco y la policía asesinó a dos estudiantes, la investigación, incluida una comisión de la Cámara de Diputados, no produjo resultados, la herida sigue abierta; injusticia e impunidad prevalecen.

Ahora los estudiantes fueron hasta Iguala (a más de dos horas de distancia de su escuela) y la respuesta fue brutal. Balacera inicial, posterior secuestro y desaparición de 43 estudiantes. La velocidad para encontrar fosas en una zona controlada por los criminales, hace sospechar que algo sabían las autoridades.

A raíz del crimen nos enteramos de la penetración en la zona del cartel de los Beltrán Leyva y en Iguala, el dominio de una escisión del mismo, los Guerreros unidos.

El gobierno federal se deslindó y presentó el caso como un problema local, lo que permitiría pasarle la factura política al PRD para las elecciones de 2017; pero el escándalo rebaso las fronteras, ha sido denunciado y condenado internacionalmente, lo que arruina la imagen de armonía que Peña Nieto trata de vender en el mundo.

Peña ha mantenido el esquema de lucha de Calderón contra el crimen, se publicita menos pero el abuso se mantiene, los secuestros aumentan, los criminales siguen apoderados del territorio y son autoridad en muchos lugares, mientras a la sociedad le venden espejismos prometiéndole que ahora sí, habrá crecimiento, solo falta que llegue el capital extranjero. Los estudiantes muertos, son un daño colateral

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