Asesinato de familia en Puerto Rico activa clamor por pena de muerte

San Juan – La organización Humanistas Seculares de Puerto Rico (HUSE) se sumó hoy a otras entidades humanitarias que piden a los puertorriqueños que eviten la tentación de recuperar la pena de muerte tras el asesinato múltiple que esta semana conmocionó a esta sociedad.

“La pena de muerte no es la solución al problema de violencia. Ya es tiempo de que las instituciones pertinentes hagan el trabajo que les corresponde”, defendió en un comunicado, en el que expresó su “solidaridad con el sufrimiento de la familia Ortiz-Uceda, y con el dolor y angustia que sufrimos los puertorriqueños ante un crimen que ofende la fibra más sensible de nuestra humanidad”.

A su juicio, “oponerse a la pena de muerte resulta un imperativo ético social, que es constatado por la normativa del derecho internacional de los derechos humanos y toda la base empírica y científica que concluye que la pena de muerte es un programa gubernamental fallido, discriminatorio y arbitrario, que además no previene otros delitos, nos desensibiliza y nos priva de nuestra humanidad”.

“Exigimos del Gobierno un plan amplio para mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico”, dijo HUSE, convencida de que “mientras la desigualdad social continúe incrementando, no haya un buen sistema de educación gratuita, no existan suficientes oportunidades de empleo, vivienda, culturales y sociales, esto no va a mejorar”.

Mariana Nogales Molinelli, directora del Comité Legal de esta organización, apuntó que “apostar a la pena de muerte es la excusa perfecta para no hacer nada, no solucionar el problema de violencia y enfrentar nuevamente una tragedia como la que nos aqueja”.

“Nos rompe el corazón la tragedia reciente y también la pérdida de todas las vidas que ocurre a diario en nuestro país”, dijo el vicepresidente, Luis Ramos, pero “tenemos que educar en derechos humanos, en principios éticos y morales, en la importancia de la responsabilidad social”.

Añadió que, “como humanistas seculares, nos guiamos por principios éticos y de derechos humanos y por la razón y la ciencia”, aunque reconoció que el pueblo de Puerto Rico está “agotado y frustrado por los niveles de violencia en nuestro país”.

Esta declaración tiene lugar un día después de que Amnistía Internacional enviara el mismo mensaje ante el clamor popular que inunda las calles de la isla de que se recupere una pena que aquí no se aplica desde hace 88 años.

El detonante fue el asesinato en la noche del lunes de cuatro miembros de una misma familia por dos jóvenes de 26 y 27 años, que están en prisión. Uno de ellos tenía alquilado un apartamento al padre de familia y estaba retrasado en el pago del alquiler.

Ha encendido aún más los ánimos la difusión de la declaración del joven superviviente, de 13 años, que, tras presenciar cómo los asesinos ejecutaban de rodillas a su padre, madre y abuela (ambas peruanas) en su vivienda de un acomodado barrio de las afueras de San Juan, fue secuestrado junto a su hermano de 15 años.

El hermano fue asesinado y abandonado en una carretera también en su presencia y cuando fueron a matarlo a él, se quedaron sin balas, así que le acuchillaron, le trataron de estrangular y le tiraron por un barranco, convencidos de que estaba muerto.

Puerto Rico ejecutó por última vez a una persona en 1926, y, en 1929, abolió esa práctica, medida ratificada por la Constitución local de 1952.