Exigen al gobernador de Coahuila que pruebe origen de video de ejecución

Moreira debe fundamentar que video de supuesta ejecución sumaria viene del narco, pide la organización Artículo 19
Exigen al gobernador de Coahuila que pruebe origen de video de ejecución
El video muestra a elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila acribillando a muerte a dos civiles.
Foto: Captura Video

Ciudad de México,.- La organización internacional Artículo 19 (A-19) acusó al Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez y al Secretario de Gobierno del estado Víctor Zamora Rodríguez de atentar contra la libertad de expresión, al asegurar que “algunos medios de comunicación y periodistas” han sido “presionados por grupos del narcotráfico” para publicar información que vincula a policías con graves violaciones a los derechos humanos e hizo un llamado a ambos funcionarios a “constatar razonablemente los hechos que fundamentan sus opiniones”.

El pasado jueves, luego de que se difundiera un video que vincula a presuntos elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, y del Ejército Mexicano en la aparente ejecución de civiles, Rubén Moreira, a través de Víctor Zamora, acusó a “narcoreporteros” de dar difusión a la grabación y aseguró que tiene una lista de periodistas que supuestamente cobran al crimen organizado.

“Todos los videos que se han presentado de los Gates son falsos, ya los analizamos. Hay una campaña de Los Zetas y seguidores contra los grupos tácticos de Coahuila, yo no sé si quieren que regrese el crimen organizado al estado y que no podamos salir a las calles como lo hacíamos antes”, comentó el día de ayer en entrevista con medios Zamora Rodríguez.

El funcionario estatal afirmó que “hay una campaña en contra de los grupos tácticos, de algunos medios de comunicación, de algunos periodistas. Yo tengo las ‘narconóminas’ y las voy a entregar a la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”.

“Es un evento del Ejército a donde acudimos nosotros después a prestar auxilio, nada más”, dijo el Secretario de Gobierno de Coahuila.


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Sin embargo, Artículo 19 recordó que el pasado 7 de febrero de 2015, el periódico Reforma publicó que de acuerdo con la organización Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Coahuila, “en el último año y medio se han registrado 60 casos de desaparición forzada, algunos de ellos con tortura (…) a manos de elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales del Estado (GATE).

Según el reporte de la organización, reproducido por el medio, “51 personas de las 60 desaparecidas fueron localizadas y afirman que fueron secuestradas, torturadas y presentadas ante la autoridad con pruebas falsas en Piedras Negras y la región Cinco Manantiales”.

La organización detalló en un comunicado que ese diario no ha sido el único medio que ha informado sobre las denuncias y quejas existentes contra los grupos tácticos de seguridad en Coahuila.

“Periódicos, radiodifusoras y televisoras locales y nacionales han presentado testimonios y videos donde se muestra el actuar de los policías estatales”, detalla Artículo 19.

Aunado a ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) tiene el registro de mil cinco quejas contra corporaciones como el Grupo de Armado de Tácticas Especiales (GATE), Grupo Operativo de Reacción Metropolitana (GROM) y Policía Operativa, todas pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad que se han presentado de 2012 a 2015.

Además la CDHEC emitió la recomendación 05/2015 el pasado 17 de febrero en la que le pidió al Comisionado Estatal de Seguridad una investigación interna por una detención ilegal que en 2013 realizaron policías del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad.

El 12 de febrero, ante las preguntas de la prensa, Moreira Valdez declaró que tenía conocimiento de que comunicadores y medios, aún cuando no podía dar más detalles y sin mencionar nombres, estaban siendo presionados para publicar información contra su policía.

Por ello la organización pide a las autoridades que sean más diligentes al emitir sus declaraciones, teniendo especial cuidado en situaciones de mayor conflicto social o polarización que puedan implicar riesgos a determinadas personas o grupos, como ocurre con quienes ejercen el periodismo en México.