Centros de detención están en el limbo
Jueces continúan negando fianza o libertad bajo palabra a los centroamericanos, aseguran activistas
Norelis Méndez está detenida en Karnes, Texas, junto a su hijo Daniel. Crédito: suministrada
La salvadoreña Sonia Hernández y la hondureña Norelis Méndez escaparon con sus hijos de la extrema violencia en sus países y, aunque reúnen los requisitos de asilo, llevan más de seis meses en el limbo en el centro de detención para familias en Karnes City, Texas.
Hace tres semanas, un juez denegó la fianza a Sonia, a pesar de que ella y sus tres hijos pasaron la prueba de ‘miedo creíble’ tienen un abogado y un lugar para vivir en EEUU. Su abogada, Linda Brandmiller, prevé apelar la decisión.
La demora en el caso se debe a que “al gobierno federal le interesa más el lucrativo negocio de detener a madres y niños que huyen de abusos horribles”, indicó Brandmiller. Hernández no tiene derecho a fianza porque ya había sido deportada anteriormente.
El viernes pasado el juez federal James Boasberg emitió un fallo que prohíbe a la Administración Obama usar la detención de madres y niños que solicitan asilo para disuadir la emigración ilegal de Centroamérica.
No está claro que el fallo se aplique de forma retroactiva, pero Brandmiller espera que los casos sean revisados y que los solicitantes salgan libre bajo fianza.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha dicho si apelará o acatará el fallo, fruto de una demanda presentada en nombre de diez centroamericanas por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).
Sin embargo,el DHS reiteró que estos centros de detención familiar son una alternativa “eficaz y humana” mientras se resuelven sus casos, y que los detenidos tienen acceso a abogados, cuidado médico, servicios educativos y a trabajadores sociales.
Pero, el hermano de Norelis, Gerardo Méndez, asegura que ésta huyó de Honduras por la extorsión de pandillas que amenazaban con secuestrar a su hijo, pagó casi $5,000 para viajar a EEUU, pero no ha logrado que los jueces reduzcan su fianza de $25,000. Gerardo explica que en ese centro su hermana se siente “peor que a un asesino”.
“Mi sobrino tiene estrabismo y sabe que está en una prisión. El llora y le dice a su mamá que prefiere que lo deporten”, agrega.
Lynnette Arnold inició en internet una petición ciudadana, con más de 409 firmas, para exigir que Sonia y sus tres niños sean puestos en libertad. Se prevé que Sonia será entregada este miércoles al Gobierno.
“Sonia no es un riesgo para la seguridad nacional y su detención no tiene sentido ni moral ni económicamente”, dijo Arnold.
Mientras, Esther Portillo, de la Alianza para los Derechos Humanos de Familias y Niños Refugiados, dijo que su grupo realizará el mes próximo eventos en siete ciudades para enviar un mensaje de rechazo a la continua detención de las familias.
La abogada Christina Fialho, directora ejecutiva del grupo “CIVIC”, quien visita los centros de detención, asegura que, pese a que muchos han logrado demostrar “miedo creíble”, llevan “meses y años” detenidos, y “la situación para las mujeres como Sonia es particularmente peligrosa”.
En aras de combatir el presunto fraude en trámites de asilo, los republicanos en la Cámara de Representantes buscan restringir aún más los requisitos para esas solicitudes.
El legislador republicano por Utah, Jason Chaffetz, patrocina una medida que, de ser aprobada, restringiría los requisitos para establecer “miedo creíble” y la puesta en libertad bajo palabra de los detenidos con peticiones válidas
