Jueces escuchan pros y contras de los alivios migratorios

Cientos de inmigrantes acudieron a New Orleans para pedir la implementación de DACA y DAPA

Washington

Centenares de inmigrantes y activistas de todo EEUU, incluyendo indocumentados, protestaron hoy frente al tribunal del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans (Luoisiana), donde tres jueces escucharon los argumentos orales a favor y contra de los alivios migratorios de la Administración Obama. 

La audiencia sólo tenía el objetivo de examinar la petición de emergencia del Departamento de Justicia para levantar el freno temporal de los alivios migratorios, que impuso el juez federal Andrew Hanen el pasado 16 de febrero, dos días antes de la puesta en marcha para la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) para Dreamers.

El otro programa para adultos con hijos residentes legales o ciudadanos estadounidenses, conocido por las siglas en inglés “DAPA” que debía entrar en vigor el próximo 19 de mayo, también quedó en suspenso.

La otra solicitud ante este tribunal es para anular por completo el fallo de Hanen, pero ésa aún no tiene fecha de audiencia.

Capeando una llovizna y con megáfono en mano, los activistas gritaban consignas en inglés y español en defensa de las familias inmigrantes y portaban carteles y mantas con mensajes como “Sin papeles, sin miedo”, y “las familias inmigrantes merecen dignidad, no odio”.

Adentro del tribunal, unas 200 personas se apiñaron en la sala de audiencias, incluyendo decenas de inmigrantes que, enfundados en camisetas con mensajes proreforma, quisieron mostrar el “rostro humano” de la crisis migratoria en EEUU.

“Los jueces escucharon los argumentos de las dos partes, pero creo que nuestra presencia acá fue importante, para que los jueces vieran el poder de la gente que estaba afuera”, dijo en entrevista telefónica Fernando López, organizador del Congreso de Jornaleros de Nueva Orleans.

“Los alivios migratorios son un buen primer paso, pero no beneficiarán a los millones que se quedarán fuera de esa protección, por eso decimos que nuestra siguiente lucha debe ser la reforma migratoria”, explicó López.

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Por su parte, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), también presente en la audiencia, dijo a este diario que el mensaje a los jueces es que “esto no es un simple litigio sino que acá se está jugando el futuro de millones de personas que aportan a nuestro país y solo piden dignidad y respeto”.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Stephen A. Higginson, Jennifer Elrod, y Jerry E. Smith –éstos dos últimos de línea conservadora- que hicieron duras preguntas, algunas muy hipotéticas, tanto al abogado del Departamento de Justicia como al que representa a los 26 estados que exigen la eliminación permanente de los alivios migratorios, según Hincapié.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo desde el anonimato que el gobierno de EEUU le pidió a los jueces que eliminen las trabas para la implementación del memorándum de noviembre de 2014, que estipula los alivios migratorios.

“Esa guía es una parte fundamental del esfuerzo integral del secretario (de Seguridad Nacional, Jeh Johnson), para realzar la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.

El portavoz explicó a este diario que, a juicio de la Administración Obama, el juez federal en Brownsville (Texas), Andrew Hanen, no debió meterse en la disputa sobre la política de inmigración federal y cómo el gobierno utiliza sus recursos limitados solo porque unos estados se oponen a estas políticas.

En todo caso, agregó, este mismo tribunal, tratando otro litigio, se pronunció recientemente a favor de la “discreción procesal” del gobierno a la hora de decidir a quiénes deporta del país.

Caminos que conducen al Tribunal Supremo

Se desconoce cuándo se pronunciará el panel de tres jueces sobre la petición de emergencia, pero se prevé que podría ser en cuestión de días o semanas.

Tampoco se sabe qué tipo de fallo emitirán los jueces, tomando en cuenta que dos de ellos, Elrod y Smith, fueron asignados por presidentes republicanos y tienen un corte conservador.

Si el tribunal falla a favor de los 26 estados demandantes, los abogados del Departamento de Justicia podrán apelar el dictamen ante todos los 15 magistrados o, de ser necesario, hasta el Tribunal Supremo.

En general, los líderes republicanos y conservadores tachan los alivios migratorios como un abuso del poder del presidente Barack Obama, y muchos incluso repiten su conocida retórica a favor de la deportación de los indocumentados.

En el lado opuesto, activistas proinmigrantes destacaron las contribuciones económicas de los indocumentados: un análisis del Instituto sobre Política Tributaria y Económica señaló el jueves que unos 8,1 millones de trabajadores “sin papeles” pagaron más de $11,800 millones en impuestos locales y estatales en todo el país en 2012.

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