La SB1070 persigue a los indocumentados en Arizona

María Peña/maria.pena@impremedia.com

Washington.- Cinco años después  de que Arizona implementara la controversial ley antiimigrante SB1070, las familias indocumentadas aún sufren la discriminación, el acoso policial y el peligro de la deportación en este estado.
La SB1070, promulgada por la entonces gobernadora Jan Brewer el 23 de abril de 2010 como una herramienta para asfixiar a los indocumentados y causar su “autodeportación”, exige que la policía verifique el estatus migratorio de todo el que sospeche esté indocumentado en Arizona.
Ser inmigrante hispano en Arizona significa estar siempre bajo sospecha de ser indocumentado y, por lo tanto, sujeto a acoso policial: la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha documentado el acoso de víctimas de violencia doméstica, de pasajeros y de estudiantes –“DREAMers” o incluso nacidos en EEUU- detenidos o interrogados por no llevar cédula de identidad.
“Pese a que la SB1070 sigue impugnada en las cortes, la parte más nociva de esta ley sigue en pie y está teniendo un impacto muy terrible en la comunidad latina acá”, sostiene Alexandra Soler, abogada de ACLU que ha entablado demandas en nombre de inmigrantes.
“Esta ley sigue infundiendo miedo a las autoridades, y alienta la discriminación racial”, dijo Soler a este diario en entrevista telefónica. “No queremos que el estado de Arizona siga defendiendo una ley que es claramente indefensible y afronte un vergonzoso juicio programado este año”.
James García, portavoz de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, dijo a este diario que el estado sufrió “pérdidas por varios millones de dólares” tras la puesta en marcha de la SB1070 en 2010, por concepto de pérdida de turismo y campañas de boicot, pero ahora el estado “realiza esfuerzos para limpiar su imagen”.
“La comunidad empresarial, sobre todo, se ha sumado a estos esfuerzos porque considera que la SB1070 es una anomalía y un error grave de la legislatura estatal”, enfatizó García.
El viernes pasado, los congresistas demócratas por Arizona, Raúl Grijalva, y por Illinois, Luis Gutiérrez, vivieron en carne propia la hostilidad de una treintena de activistas antiinmigrantes durante un foro en Tucson en el que pretendían educar al público sobre los alivios migratorios.
Los activistas acusaron a los congresistas de alentar la violación de las leyes, y al menos uno fue expulsado por la policía.
Grijalva no respondió a solicitudes de este diario sobre el incidente o la situación en torno a la SB1070, que en 2010 inspiró leyes similares en los estados de Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Indiana, y Utah, que también han sido impugnadas en los tribunales.
Aunque el Centro Hispano Pew ha documentado un descenso del 40% en la población indocumentada en Arizona entre 2009 y 2012, la SB1070 no ha hecho más que fortalecer al movimiento proinmigrante, según grupos como Puente Arizona.
Carlos García, director de Puente Arizona, consideró que, independientemente de lo que ocurra con los alivios migratorios, el presidente Barack Obama tiene el poder de frenar las deportaciones, y grupos como el suyo continuarán presionando en contra de la discriminación de inmigrantes en el estado.

Otro año de lucha

Pese al clima hostil para los indocumentados, activistas proinmigrantes preparan actos de protesta contra la SB1070 y contra lo que describen como la represión de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Entre el miércoles y jueves próximos, activistas de organizaciones como “We Belong Together”, Puente Arizona, la Red de Inmigrantes Negros y la campaña “Ni una Deportación Más”, realizarán protestas en ciudades como Phoenix y Tucson para llamar la atención sobre el impacto de la SB1070, en particular sobre las mujeres inmigrantes.
“Las mujeres sufrimos desproporcionadamente la violencia sancionada por el Estado contra nuestros cuerpos y nuestras familias”, dijo Andrea Cristina Mercado, copresidenta de “We Belong Together”, al denunciar la “criminalización” de los inmigrantes.
Según los organizadores, la denominada “campaña para un Arizona libre de ICE”, que incluirá una marcha frente al capitolio de Phoenix el jueves- busca eliminar la parte de la SB1070 que permite la cooperación entre los agentes de ICE con la policía local y que, a su juicio, da licencia para la discriminación de los inmigrantes.
Los activistas también cruzarán a Nogales, México, donde visitarán un albergue para inmigrantes recientemente deportadas.

Importantes victorias

Los activistas se atribuyen la derrota en las urnas del senador estatal Russell Pearce –arquitecto de la SB1070- , la eliminación local del programa “287g”, que permitía la colaboración de la policía con los agentes federales, y el fin a las redadas en los sitios de trabajo por parte del alguacil Joe Arpaio.
El pasado 15 de abril, el noveno circuito de apelaciones determinó que Arpaio violó la Constitución al discriminar contra motoristas latinos en el Condado de Maricopa, y debe poner en marcha una serie de medidas correctivas.
Además, Arpaio y otros funcionarios de ese condado afrontan a partir de este martes una audiencia de cuatro días en otro tribunal federal, por incumplimiento de las órdenes del juez en el caso “Ortega Melendres v. Arpaio”.
El juez había ordenado el cese de la detención de inmigrantes solo por la sospecha de ser indocumentados; la entrega de todo video o grabación de las detenciones y la cooperación judicial respecto a esas grabaciones.
La audiencia determinará las sanciones correspondientes a estas violaciones, que  podrían incluir multas, la restitución a las víctimas y posibles cargos criminales.