Los latinos y la neutralidad de la red

Los latinos y la neutralidad de la red
Rick Miranda, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Brooklyn.
Foto: suministrada / Camara de Comercio Hispana de Brooklyn

La nueva norma de “neutralidad de la red” de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) es una medida perjudicial para los latinos, los propietarios de pequeñas empresas, los emprendedores tecnológicos y todo aquel que dependa de una Internet abierta e innovadora. Debe modificarse antes de que cause un daño permanente a la economía de EE.UU. y a nuestra competitividad a nivel global.
En la actualidad, los latinos son propietarios de aproximadamente una de cada siete empresas neoyorquinas. Obstaculizar su capacidad para competir a través del aumento de los costos de la banda ancha y la reducción de la inversión en servicios de Internet nuevos y mejores podría ocasionar graves consecuencias para nuestra ciudad, especialmente en zonas que han tenido bajas tasas de adopción de banda ancha.
Lo último que estas comunidades necesitan es tener menos acceso a la banda ancha. Y ese será precisamente el efecto de la política de “neutralidad de la red” de la FCC.
El principio de lo que comúnmente se denomina “neutralidad de la red” es bueno: sostiene que todo el mundo en Internet debe recibir el mismo trato. Eso significa que los proveedores del servicio de Internet no deberían dar prioridad a algunos clientes respecto de los demás, ni crear “vías lentas” para ciertos clientes o contenidos ni bloquear contenidos legales. Sin embargo, algunas formas de hacer respetar dicha igualdad en el trato son mejores que otras.
En febrero, la FCC tomó la extraña decisión de que con el fin de hacer respetar estas normas básicas debía reclasificar la totalidad de Internet y someterla a reglamentaciones obsoletas.
Anteriormente, el gobierno federal había designado a Internet como un servicio de información y había establecido controles leves sobre ella.
Las empresas tenían bastante libertad para satisfacer a los clientes a través de la experimentación y la innovación. Pero todo llegó a su fin con la votación del 26 de febrero de la FCC.
La FCC clasificó Internet como un servicio público en virtud de la Ley de Comunicaciones de 1934. Debe reglamentarse de la misma forma que el resto de los servicios públicos y en virtud de una ley diseñada para controlar el comportamiento de los monopolios masivos que no tenían competencia real.
Además de ser en general antiempresarial, ya que otorga al gobierno una inmensidad de poderes nuevos para dirigir el comportamiento de las empresas en Internet, este riguroso enfoque resultará económicamente destructivo. Habrá menos empleos y una ralentización del crecimiento en comparación con los que habría si se conservasen las normas anteriores.