Auditoría cuestiona eficacia de DHS para procesar a indocumentados
Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibe un promedio anual de $21,000 millones para hacer cumplir las leyes de inmigración pero, debido a carencias en su sistema de recolección datos, no vigila bien su uso de la “discreción procesal” para determinar a quiénes pone en proceso de deportación, advirtió este miércoles un informe interno.
El informe del Inspector General, realizado en base a una auditoría, indicó que el DHS “no recaba y analiza los datos sobre el uso de la discreción procesal para evaluar plenamente sus actividades migratorias actuales y para desarrollar una futura política”.
Según el informe, la Oficina de Política del DHS, a cargo de desarrollar las políticas y programas de la agencia, no ha tenido hasta ahora la obligación de llevar una cuenta exacta sobre el uso de la “discreción procesal”.
También se señala en el documento que el DHS “podría estar desaprovechando oportunidades de fortalecer su capacidad de deportar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública”.
El informe indica que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no siempre pueden documentar todo el expediente criminal de un inmigrante bajo su custodia porque no tienen acceso a esos datos en sus países de origen.
Por ello, se escapan del radar del DHS indocumentados que no han sido condenados por delitos graves o delitos menores significativos en EEUU pero que sí tienen expediente criminal en sus países, indicó.
ICE no ha podido precisar cuántos inmigrantes elegibles para el programa de “acción diferida” ha dejado en libertad porque el personal en las oficinas locales “no siempre registran su uso de la discreción procesal, porque toman estas decisiones a diario y consumiría demasiado tiempo registrar cada caso”, según el documento.
Sin embargo, en el año fiscal 2014, las autoridades de ICE registraron unos 12,757 casos en que dejaron en libertad a indocumentados que no eran una prioridad de deportación.
Según cálculos del DHS, para febrero de 2014, había cerca de 11.5 millones de “deportables” en Estados Unidos.
El uso de la “discreción procesal”, que las agencias federales ha tenido por siempre, ha adquirido un mayor cariz político desde que, debido a la inacción del Congreso en torno a una reforma migratoria, el presidente Barack Obama anunció en noviembre pasado alivios migratorios para proteger de la deportación a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Esos alivios migratorios se encuentran trabados en sendos tribunales federales, tras la demanda interpuesta en diciembre pasado por 26 estados que buscan eliminarlos.
Airadas reacciones republicanas
El informe no tardó en suscitar reacciones airadas de los republicanos en el Congreso, que se oponen a las “medidas unilaterales” de Obama, pero tampoco han presentado a voto en el pleno alternativas para resolver el problema de la inmigración ilegal.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte dijo en un comunicado que el informe es otra prueba de por qué la Administración Obama debe poner fin a sus “políticas negligentes”.
Según Goodlatte, el pueblo estadounidense no puede “seguir a oscuras” sobre las repercusiones de la política migratoria de Obama y sobre “peligrosos criminales que han cometido crímenes en sus países natales que podrían encontrar amnistía en EEUU”.
El comité de Goodlatte ha aprobado un proyecto de ley que exige al DHS entregar informes al Congreso sobre “el uso y abuso de la discreción procesal”, pero éste no se ha votado en el pleno de la Cámara Baja.
La Oficina del Inspector recomendó que, en aras de la transparencia, el DHS elabore un riguroso plan que “recabe, analice y difunda” los datos sobre el uso de la “discreción procesal”.
Respuesta del DHS
Consultada por este diario, una portavoz del DHS, Marsha Catron, dijo que el departamento está “firmemente comprometido con el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración de manera sensible y transparente”.
Señaló que el pasado 20 de noviembre, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, divulgó nuevas guías para el arresto, detención y deportación de indocumentados, que exige recopilar de forma “más sistemática y eficaz” estos datos.
La Oficina de Estadísticas de Inmigración ya está colaborando con las agencias encargadas de tareas migratorias para “crear el marco necesario” para cumplir con las metas del DHS, precisó Catron.
La idea en adelante es crear una base de datos “más centralizada” con estos datos y cotejarlos con las prioridades policiales del DHS, de tal manera que haya un “sistema más robusto para evaluar nuestro progreso”, puntualizó.
