A juicio por defender a mujeres sentenciadas por aborto en El Salvador
Cuatro activistas estadounidenses enfrentan cargos por incursionar en la embajada de ese país en D.C
Activistas protestan en la embajada de El Salvador en D.C. por las estrictas leyes contra el aborto en ese país. Crédito: Flickr | Flickr
Washington, D.C.– Cuatro activistas de EEUU afrontan una posible sentencia en prisión cuando la juez Susan Winfield escuche en julio próximo su caso por incursionar en la embajada de El Salvador el mes pasado en busca de apoyo para “las 17” mujeres que purgan largas condenas en ese país por tener abortos espontáneos.
Durante una audiencia preliminar en la corte superior del Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, el juez Geoffrey Alprin fijó la fecha del próximo 7 de julio para el juicio, sin jurado, contra el sacerdote Roy Bourgeois, John Honeck, Ed Kinane y Paki Wieland, quienes de ser declarados culpables podrían recibir una sentencia de al menos seis meses en prisión.
Libertad para “Las 17”
El grupo, liderado por el sacerdote Bourgeois, incursionó el pasado 4 de abril a la embajada de El Salvador exigiendo la libertad de “Las 17” mujeres, que purgan condenas de 30 años en prisión en ese país por haber tenido abortos espontáneos.
El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas en el mundo implementada en 1998 por el entonces gobernante partido de derecha ARENA la cual no admite situaciones como violación sexual, incesto, deformaciones congénitas, o si la salud de la madre corre peligro, un modelo que han copiado Chile, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.
Las mujeres que tienen abortos espontáneos o partos de fetos muertos, corren el riesgo de ir a la cárcel bajo cargos de homicidio.
De ahí que Bourgeois, fundador del grupo “School of the Americas Watch” (SOA Watch) y los demás activistas pacifistas ingresaron a la embajada, portando carteles de apoyo a “Las 17”, para llamar la atención sobre lo que consideran una “injusticia”.
De las 17 mujeres, sólo Carmen Guadalupe Vásquez Aldana recibió un indulto de la Asamblea legislativa por “errores judiciales” en su caso, y salió en libertad el pasado 22 de enero, después de siete años tras las rejas.
Vásquez Aldana tenía 18 años de edad cuando fue sentenciada en 2008, pese a que su hijo nació muerto. Su abogado, Dennis Muñoz, ha dicho a la prensa que ésta fue violada por su empleador cuando trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada en las afueras de la capital salvadoreña.
Otra mujer concluyó su sentencia el año pasado, y 15 siguen en prisión, según Amnistía Internacional.
Los activistas, que en marzo pasado visitaron a cinco de las presas en El Salvador y discutieron el caso con el presidente Sánchez Cerén, entregaron este viernes una carta al personal de la embajada y, acto seguido, se tiraron al piso como parte de su protesta.
En declaraciones a este diario, Bourgeois dijo hoy que no teme ir a prisión por apoyar a las mujeres, encarceladas por “el único crimen de haber perdido a sus bebés”, y por ello también están recabando firmas en la página web de su grupo.
“No nos importan los antecedentes criminales ni purgar prisión, porque esto es un asunto de solidaridad, de justicia social con estas mujeres… son pobres, casi todas analfabetas, malnutridas, y dos de ellas habían sido violadas”, explicó Bourgeois.
Por su parte, Wieland, miembro del grupo “Abuelas por la paz”, explicó que, contrariando el consejo del juez, los activistas se representarán en el juicio sin un abogado –solo tendrán mínima asesoría legal-, para que el público escuche sus propias voces “sin el filtro de un abogado”.
El juicio tendría mayor impacto que escribir cartas al Congreso, y la idea es continuar presionando al gobierno salvadoreño para que revoque la ley contra el aborto, dijo.
Campaña global para revocar ley anti-aborto
También Amnistía Internacional lidera una campaña global contra la prohibición al aborto en El Salvador y para lograr la puesta en libertad de “Las 17” acusadas de “homicidio agravado”.
También fueron condenadas por recibir abortos ilegales pese a que, según los activistas, no existen pruebas sobre la causa de sus abortos espontáneos.
Erika Guevara-Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, entregó recientemente al presidente Sánchez Cerén una petición con más de 300,000 firmas pidiendo la revocación de la prohibición contra el aborto.
Doce países han pedido la despenalización del aborto en El Salvador, incluyendo Alemania, Australia, Canadá, la República Checa, Eslovenia, España, Francia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Slovenia, Suecia y el Reino Unido, según el Centro para los Derechos Reproductivos, un grupo en Nueva York que forma parte de la campaña.
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