Comisión de la Verdad: la justicia no llegó en el caso Romero
El asesinato del arzobispo fue considerado por el Papa como un crimen de odio a la fe
La Comisión de la Verdad, auspiciado por Naciones Unidas (ONU) en 1993, arrojó pruebas sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1980.
Sin embargo, casi 22 años después del informe, el crimen permanece impune debido a la amnistía promulgada en aquel mismo año, aseguró el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, quien también exige que el caso sea reabierto jurídicamente.
El caso de Romero fue el primer caso ilustrativo de los Asesinatos de los Escuadrones de la Muerte que organizó la ultraderecha y sectores del ejército en ser estudiado por la Comisión de la Verdad, que incluyó juristas de renombre, como el estadounidense Thomas Buergenthal.
La comisión, presidida por el ex presidente colombiano Belisario Betancur dio a conocer en marzo de 1993 el llamado Informe de la Verdad, que respecto al magnicidio de Romero concluyó que “el ex mayor Roberto D´Aubuisson dio la orden de asesinar al Arzobispo” e instruyó a los miembros de su entorno, que actuaron como “escuadrón de la muerte” para que organizaran y supervisaran la ejecución del asesinato.
Se concluyó que los ex capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila “tuvieron una participación activa” en la planificación del asesinato; así como Fernando Sagrera y Mario Molina. Antonio Amado Garay, motorista de Saravia, fue quien condujo al francotirador a la capilla de la Divina Providencia, donde Romero oficiaba una misa de difuntos para la familia Pinto. En la eucaristía estaba el obispo, cuando el francotirador le disparó una bala calibre 22 explosiva, que le destrozó el corazón.
Del francotirador no se conoció identidad, pero el Informe de la Verdad dijo que fue pagado por Walter Antonio “Musa” Álvarez y por Saravia, que esa la “mano derecha” de D´Aubuisson. Otros investigativos indican que este “escuadrón de la muerte” era financiado por un grupo de poderosos empresarios salvadoreños que entonces residían en Miami, Estados Unidos.
El “martirio” de Romero fue reconocido en febrero pasado por el papa Francisco en un decreto que estableció que el arzobispo de San Salvador fue asesinado por “odio a la fe”,
Uso de su imagen
Representantes de la Iglesia católica de El Salvador señalaron que el uso político de la imagen de Monseñor Romero fue un obstáculo para que su proceso de beatificación progresara en el Vaticano.
Ricardo Urioste, vicario general de la Iglesia católica en ese país en esa época sostiene que a Romero “se lo acusó de político, de marxista, de comunista, de guerrillero”, pero que “quien más ha conocido, estudiado y juzgado” sus actuaciones es el Vaticano y “si ellos hubieran encontrado estos puntos negativos, no lo beatifican”.
“Han ido estudiando palabra por palabra, frase por frase y no han encontrado que fuera político, mucho menos marxista o comunista”, dice.