Se disparan deportaciones por pequeñas cantidades de droga
EEUU castiga a inmigrantes que ya purgaron condenas por delitos menores, denuncia HRW
Aunque el gobierno de EEUU centra su atención en deportar a criminales peligrosos, entre 2007 y 2012 incrementó en un 22% la expulsión de extranjeros por delitos de droga menores, muchos de éstos en California, aún cuando ya habían pagado su condena, denunció este martes el grupo humanitario Human Rights Watch (HRW).
En un informe de 93 páginas, HRW dijo que entre 2007 y 2012, EEUU deportó a más de 260,000 extranjeros cuya condena más seria fue por drogas y, en ese mismo período, las deportaciones por tan solo la posesión de drogas incrementaron en un 43%.
Aunque el informe “Un precio demasiado elevado: familias estadounidenses deshechas debido a deportaciones por drogas”, incluye cifras que cubren años antes del inicio de la Administración Obama en 2009, éste denuncia que el sistema de justicia criminal se ha ensañado incluso con residentes legales que tienen fuertes vínculos familiares y comunitarios en EEUU.
Esto pese a que, en muchos de los casos analizados en 17 estados, los inmigrantes ya habían cumplido su castigo, recibieron poca o ninguna sentencia, y los delitos se cometieron en décadas pasadas.
Las leyes de Inmigración han mantenido una fijación con extranjeros no ciudadanos condenados por delitos de drogas desde las décadas de 1980 y 1990, como parte del recrudecimiento de la lucha antidrogas, pero a un precio “muy elevado” para sus familias, según HRW.
El informe destaca el caso del mexicano Arnoldo Aguayo, un residente permanente de 38 años que emigró a Compton (California) antes de su primer cumpleaños y cuya familia entera tiene residencia legal o ciudadanía.
De joven, Aguayo sufrió de drogadicción y fue condenado por posesión de drogas. Años después, por ese turbulento pasado estuvo detenido sin derecho a fianza durante siete meses, y al borde de la deportación entre 2011 y 2012.
Aguayo logró frenar su deportación pero, mientras estuvo preso, su esposa y dos hijos vivieron con su madre por no poder pagar el alquiler del apartamento, que además fue saqueado por ladrones.
¿Cárceles o clínicas?
En entrevista telefónica con este diario, Grace Meng, investigadora y autora del informe, afirmó que, para evitar el “doble castigo” de inmigrantes por delitos que ya pagaron, la Administración Obama debe reevaluar la naturaleza del crimen y su castigo correspondiente.
“Cuando vemos que hay consenso de que un castigo excesivo no es la mejor forma de resolver el problema de drogas, lo que se necesita es dar más oportunidades para tratamiento y no la cárcel”, explicó Meng, al señalar que a muchos inmigrantes se les ha negado la residencia permanente por delitos menores.
Se calcula que al menos la mitad de los más de 200,000 personas en prisiones federales están encarceladas por delitos relacionados con drogas.
Necesidad de reformas
En un video que acompaña el informe, la juez Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) se quejó de que, bajo las leyes actuales, los jueces no pueden tomar las decisiones “más justas y correctas” para poner en libertad bajo fianza a personas con ciertas condenas por drogas, o impedir su deportación.
Para reducir la población carcelaria y los gastos correspondientes, el Departamento de Justicia ha anunciado medidas para disminuir las sentencias, mientras decenas de estados han adoptado reformas para despenalizar o incluso legalizar la posesión de marihuana.
Varias jurisdicciones han creado programas de rehabilitación, por entender que la drogadicción es un asunto de salud pública más que criminal.
HRW cree que el Senado de California debe promulgar las medidas 1351 y 1352 para mitigar el impacto de estrictas leyes antidrogas y así reducir el riesgo de deportación por la sola posesión de drogas.
Piden segunda oportunidad
HRW pidió que el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional y los gobiernos locales y estatales tomen medidas para eliminar la deportación por condenas por la sola posesión de drogas y faciliten audiencias de fianza para los extranjeros afectados, entre otras alternativas.
“Debería importarles la suerte de estos inmigrantes y que ellos también tengan una segunda oportunidad”, puntualizó Meng.