Exigen a México investigación exhaustiva sobre abuso de fuerza en Tlapa

México.- La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) envió una carta al Gobierno de México y a la fiscalía en la que exige una investigación exhaustiva sobre un posible abuso de la fuerza en el municipio de Tlapa de Comonfort, donde hace un mes falleció una persona en una protesta.

La carta está dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y a la fiscal, Arely Gómez, y está firmada por Gerald Staberock, el secretario general de esta organización que es la principal coalición internacional de ONG que luchan contra la tortura.

“El Secretariado Internacional de la OMCT, mediante la presente misiva, quiere expresar preocupación por el presunto uso excesivo de la fuerza y los abusos perpetrados por miembros de la fuerza pública“, que desencadenó en un enfrentamiento con un muerto y varios heridos, apunta la carta enviada hoy desde Ginebra.

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Asimismo, insta a las autoridades “a que se lleven a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes con el fin de enjuiciar y sancionar a las personas responsables”.

El pasado 7 de junio, día en que se celebraron comicios en todo el país, un estudiante murió en este municipio del sureño estado de Guerrero tras un choque entre policías federales e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense que se oponían a las elecciones.

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“Creemos que, a la luz de la historia reciente, es necesario el respeto escrupuloso de los derechos humanos y una apuesta firme por el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas con la comunidad de maestros y estudiantes en Guerrero para evitar una progresiva escalada de la violencia y la prevención de ulteriores graves violaciones a los derechos humanos”, apunta la OMCT.

En opinión de la red de organizaciones, el actuar de las autoridades y fuerzas de seguridad de ese día indica la “persistencia de un patrón consistente de represión y criminalización de comunidades estudiantiles y rurales de Guerrero“.

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“Los estándares internacionales obligan a los Estados a respetar los derechos y libertades fundamentales durante los operativos de seguridad”, agrega el documento.