DACA y DAPA se mantienen bloqueados (VIDEO)
Cinco millones de indocumentados deberán seguir esperando mientras el Quinto Circuito de Apelaciones emite su fallo
La Administración del presidente Barack Obama intentó este viernes convencer a los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, de que le permitan implementar sus medidas migratorias y regularizar a cerca de cinco millones de indocumentados.
Esta iniciativa presidencial fue bloqueada el pasado 16 de febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen y desde entonces, el Gobierno federal se ha abocado a una batalla legal que tuvo hoy, por el momento, su último episodio, pero el panel de tres jueces que escuchó los argumentos orales no dieron pistas sobre la fecha en la que emitirán su decisión.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron ante los tres jueces del tribunal, los conservadores Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith y la progresista Carolyn Dineen King, que la Constitución ampara las medidas que Obama pretende impulsar.
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Por su lado, el estado de Texas, que encabeza una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos y opuestos a la regularización de indocumentados, pidió a los jueces que mantengan la suspensión dictada por Hanen, decisión que forzaría el traslado del caso al Tribunal Supremo.
“Cuando los estados operan en el ámbito de la política migratoria, están operando en un campo cuyas competencias son exclusivamente federales”, argumentó Benjamin Mizer por parte del Gobierno, al cuestionar la legitimidad de la coalición opositora para poner en duda la legalidad de la regularización.
“Texas cree que puede arrastrar al Gobierno a los tribunales y evitar que se realicen cambios en la política migratoria”, agregó el letrado.
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Scott Keller, abogado de la Procuraduría General de Texas y representante de la coalición opositora, respondió a Mizer: “No estamos tratando de bloquear las competencias federales. Todo lo contrario, queremos que el Ejecutivo respete las competencias del Congreso”.
Según Keller, la implementación de la propuesta presidencial supondría “uno de los mayores cambios en la política migratoria de la historia de Estados Unidos”, por lo que su aprobación requiere el visto bueno del Congreso, actualmente en manos de los republicanos y opuesto al programa.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans y con jurisdicción sobre Texas, Louisiana y Arkansas, está considerado como uno de los más conservadores del país y en mayo ya rechazó una petición de urgencia del Gobierno que buscaba levantar la suspensión temporal de las medidas migratorias.
Los jueces Elrod y Smith promovieron esa decisión.
Con un fallo favorable, la Administración Obama aspira a implementar la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa de 2012 que desde entonces ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes.
También el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretendía amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5.2 millones el número total de beneficiados: 3.7 millones elegibles para la DAPA y 1.2 millones para la DACA, de los que 300,000 serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa
Si los magistrados mantienen la suspensión, como auguran muchos analistas basándose en la composición del tribunal y los precedentes, el caso saltará a la Corte Suprema, que no escuchará argumentos hasta la próxima primavera y no fallará hasta el verano, en plena campaña para las elecciones presidenciales.
Mientras tanto las organizaciones de inmigrantes trabajan para aumentar la fuerza del voto hispano en las elecciones de 2016, el contexto en el que posiblemente se resuelva esta suspensión.
Álvaro Huertas, abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NICL) explicó que la decisión de la corte sobre la suspensión de las medidas podría durar semanas o meses, algo que se alargaría en caso de que tras las apelaciones se recurriera al Supremo.
Miles de activistas alzan su voz
Grupos proinmigrantes de todo el país se congregaron en Nueva Orleans para seguir la audiencia.
Video: Activistas se comprometen a seguir la lucha por los alivios migratorios:
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“Si ganamos en esta corte la oposición apelará y si gana la oposición nosotros vamos a apelar en la Corte Suprema, donde tenemos más oportunidad para ganar”, sugirió Apolonio Morales, director de Políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
“Queremos que todo el mundo entienda la situación en que se encuentran estas personas que podrían beneficiarse de DAPA y de la Extensión de DACA”, dijo Morales.
Por su parte, representantes de COFEM entregaron más de 10,000 peticiones para que se implementen las medidas ejecutivas, es decir el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), y la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa de 2012 que desde entonces ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes.
“Necesitamos continuar movilizándonos y demostrando que es el momento para obtener lo que es justo, y al mismo tiempo seguir abogando por una solución permanente, una reforma migratoria”, afirmó Anabela Bastida, directora de COFEM.
Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN, puso de relieve el “peso emocional que están sufriendo” las personas y las familias que se podrían beneficiar con estas medidas.
“Millones de familias han estado viviendo bajo una nube de incertidumbre a causa de esta demanda legal”, lamentó Arévalo.
Morales estimó que la manifestación que se realizó en las calles, así como los testimonios escuchados en la corte, se cumplió el objetivo de que “se levantaran las voces para que se entienda los beneficios (de las medidas ejecutivas) para los inmigrantes”.
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Gutiérrez: “No descansaremos”
El legislador demócrata por Chicago Luis Gutiérrez, uno de los mayores defensores de los inmigrantes dentro del Congreso estadounidense, aseguró junto al también congresista Rául Grijalva que no descansarán hasta que todos los trabajadores indocumentados estén protegidos por la ley.
Gutiérrez y Grijalva, quienes viajaron a Nueva Orleans, afirmaron que su bancada seguirá trabajando y presionando desde los pasillos del Capitolio para sacar “de las sombras” a los trabajadores sin papeles.
“Nosotros vamos a apelar el caso hasta que cada individuo que trabaja esté protegido por la ley”, aseguró Gutiérrez.
