Obama conmuta sentencia de 46 prisioneros federales
El mandatario promoverá esta semana reforma de justicia criminal
Washington.- Convencido de que EEUU es una nación que da “segundas oportunidades” y que es urgente una reforma del sistema de justicia criminal, el presidente Barack Obama conmutó este lunes la sentencia a 46 narcotraficantes, por considerar que su castigo no concuerda con su crimen.
Durante un breve video, Obama explicó que EEUU gasta más de $80,000 millones anuales en el sistema de prisiones, a donde van a parar muchos por delitos de droga no violentos.
“Creo que, en su centro, Estados Unidos es una nación de segundas oportunidades y creo que estos individuos merecen su segunda oportunidad”, afirmó Obama, quien consideró posible hacer buen uso del dinero público sin comprometer la seguridad.
Entre los 46 prisoneros figuran Joseph Burgos, quien en 1993 fue condenado en Chicago (Illinois) a 30 años de cárcel por distribución de cocaína, y Juan Diego Castro, sentenciado en 2002 en Laredo (Texas) a 20 años de prisión por posesión e intento de distribución de más de cinco kilos de cocaína. Ambos quedarán en libertad el próximo 10 de noviembre.
La mayoría de los presos que recibieron una conmutación de su sentencia había sido sentenciada a al menos 20 años de prisión, y 14 de ellos afrontaban cadena perpetua por delitos de droga no violentos.
“Su castigo no era acorde con su crimen. Y si hubiesen sido sentenciados bajo las leyes actuales, casi todos ya hubiesen cumplido su sentencia”, señaló el mandatario.
Obama tiene la autoridad constitucional para modificar las sentencias carcelarias y, según la Casa Blanca, desde que llegó al poder en 2009 ya lo ha hecho en 89 casos, más que ningún otro presidente desde Lyndon B. Johnson.
El mandatario viajará el martes a Filadelfia (Pensilvania), donde ofrecerá un discurso ante la convención anual de la organización afroamericana “NAACP” sobre la reforma del sistema de justicia criminal.
El jueves, Obama hará historia al convertirse en el primer mandatario en funciones en visitar una cárcel federal, la correccional de El Reno, en las afueras de la Ciudad de Oklahoma, para insistir en esa reforma.
Disparidades raciales
La Casa Blanca anunció la conmutación de las sentencias mientras activistas en todo EEUU reclaman una reforma que corrija las disparidades raciales en la emisión de castigos.
Desde la década de 1980 y en el marco de la lucha antidrogas, las sentencias mínimas para disuadir la venta y consumo de drogas han castigado con especial dureza a las minorías étnicas.
En 1986, por ejemplo, una persona condenada por la venta de cinco gramos de crack recibía la misma sentencia mínima de cinco años en prisión que una persona condenada por la venta de 500 gramos de cocaína en polvo.
Julie Stewart, presidenta del grupo “Familias contra Sentencias Mandatorias Mínimas” (FAMM), advirtió de que demasiadas personas siguen purgando largas sentencias por delitos de droga no violentos.
“Que sigan estas conmutaciones, y recordemos que la clemencia es una herramienta que se hace necesaria porque no hemos podido reformar las leyes que rigen las sentencias mandatorias mínimas. El Congreso no actúa con suficiente rapidez”, afirmó Stewart.
El senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, es coautor de un proyecto de ley bipartidista que, de ser aprobado, permitiría que los jueces impongan sentencias por debajo de los requisitos actuales, y también de otra legislación para reducir las sentencias obligatorias por delitos de droga no violentos.
Ambas leyes, a su juicio, ayudarían a reducir el hacinamiento en las prisiones y su costo, mientras las encuestas dan fe del creciente apoyo popular a una reforma judicial.
“Una creciente cuota de nuestro presupuesto para la justicia criminal se ha destinado a encerrar a prisioneros no violentos, en vez de prevenir y perseguir los crímenes serios”, lamentó Leahy.
Encuestas a favor de reformas
Una encuesta nacional del Centro de Investigación Pew, de 2014, destacó el apoyo popular a una especie de “tregua” en la lucha antidrogas, de manera que el gobierno federal destine más recursos para la prevención y tratamiento de la drogadicción y menos cárcel para quienes la padecen.
El 67% de los estadounidenses prefiere opciones de tratamiento para personas adictas a la heroína y cocaína, y solo el 26% aprueba cárcel para los drogadictos. Ese apoyo se encuentra en casi todos los sectores demográficos del país, incluso entre el 51% de los republicanos.
En un margen de 63%-23%, la mayoría de los estadounidenses también apoya alternativas a las sentencias mínimas obligatorias para delitos de droga no violentos.
Entre 2009 y 2013, un total de 40 estados tomó medidas para flexibilizar las leyes antidrogas, según diversos estudios, si bien la mayoría de los estadounidenses cree que el abuso de drogas sigue siendo una enorme amenaza para la seguridad y la salud pública.
