Demócratas presentan medida para salvar a Puerto Rico de “abismo fiscal”

Medida no tiene apoyo republicano ni fecha de votación
Demócratas presentan medida para salvar a Puerto Rico de “abismo fiscal”
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Líderes demócratas del Senado presentaron una medida para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal de EEUU y así salvar a la isla del “abismo fiscal”, aunque por ahora no tienen apoyo republicano ni certeza de que ésta se aprobará en el futuro cercano.

Durante una conferencia de prensa, los senadores, encabezados por Richard Blumenthal y Charles Schumer, de Connecticut y Nueva York, respectivamente, explicaron que la medida –similar a una en la Cámara de Representantes- permitiría que las corporaciones públicas en Puerto Rico y las municipalidades puedan ampararse al llamado Capítulo 9 de la ley de quiebras.

El propósito de este proyecto de ley es evitar un desastre, prevenir que Puerto Rico caiga a un abismo fiscal… este desastre es una herida autoinfligida que puede y debe evitarse”, dijo Blumenthal.

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“Las herramientas para corregir este problema están en la caja de herramientas, pero a Puerto Rico no se le permite usarlas”, señaló Schumer, al referirse a la ley de quiebras, e insistió en que la ayuda a la isla no ocasionará gastos al gobierno federal.

Schumer precisó que la iniciativa ayudaría a aliviar la carga de las corporaciones que corren peligro de insolvencia, y que en los últimos días ha buscado apoyo de líderes de la bancada republicana, como el senador por Florida y precandidato presidencial, Marco Rubio.

Florida, de hecho, cuenta con una fuerte concentración de la diáspora puertorriqueña y, de cara a los comicios generales de 2016, los senadores harían bien en atender la grave crisis en la isla, según Blumenthal.

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El comisionado puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Pedro Pierluisi, no estuvo en la rueda de prensa pero la medida de los senadores es similar a la que él presentó en febrero pasado, pero que no ha sido votada.

Para Pierluisi, aunque la propuesta demócrata es importante, no resolverá por sí sola la crisis fiscal que afronta Puerto Rico que, a su juicio, requerirá también un plan reformista.

Sin embargo, si el Congreso aprueba la legislación estará dando un espaldarazo a la isla para encontrar sus propias soluciones “sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses”, dijo Pierluisi en un comunicado.

“Claramente este proyecto de ley es el paso correcto e inteligente tanto para la economía de Puerto Rico como para el resto de la economía estadounidense”, agregó. Con la posibilidad de instar la bancarrota ante un tribunal los acreedores tienen más motivación para sentarse a una mesa de negociaciones y aceptar rebajas en el abono de lo que se les debe.

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El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, calificó la medida demócrata como “un paso importante hacia adelante” y pidió su aprobación expedita en el Congreso. “No hay razón para que Puerto Rico, sus acreedores y ciudadanos no puedan tener las mismas protecciones” que tienen las municipalidades en EEUU, dijo en un comunicado el gobernador, quien prometió continuar reduciendo los gastos y crear empleos en la isla.

Se calcula que la deuda pública en Puerto Rico supere los $72,000 millones, y la Administración Obama ha descartado por el momento ofrecer algún tipo de rescate financiero.

Tan solo tres corporaciones públicas, conocidas por sus siglas PREPA, PRASA y PRHTA, -encargadas de servicios de luz eléctrica, agua potable, y transporte, respectivamente- tienen una deuda de cerca de $20,000 millones.

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A través del “Capítulo 9”, el Congreso de EEUU permite que los gobiernos estatales autoricen a ciertas “muncipalidades” a ajustar sus deudas bajo la supervisión de un tribunal federal a cargo de bancarrotas. Cada gobierno estatal puede autorizar a municipalidades insolventes a ampararse al Capítulo 9 bajo distintas condiciones.

Puerto Rico es tratado como un estado en el Código de Bancarrotas excepto en el Capítulo 9, que es clave para la situación que afronta en la actualidad-, porque el Congreso excluyó a la isla y otros territorios de esa protección en 1984 sin que se ofreciera motivación para ello.

La medida cuenta con el respaldo del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, y de senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kirsten Gillibrand, Bob Menéndez, Bill Nelson, Cory Booker, Christopher Murphy, Mazie Hirono y Martin Heinrich.