Editorial: El problema con la ley de educación
El problema es que ahora cada Estado decidirá cómo interpretar y usar el resultado de los exámenes, determinar cuáles escuelas no rinden bien de acuerdo a su criterio y que hacer con ellos
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La ley educativa federal Que Ningún Niño Quede Rezagado (NCLB) aprobado hace 14 años tenía la buena intención de ayudar a los alumnos que tienen más necesidades, pero pasó a convertirse en una engorrosa intervención federal con exigencias y castigos, pero insuficiente en fondos. La nueva ley educativa aprobada el jueves en el Senado va al otro extremo de reducir demasiado el papel federal, poniendo en peligro la calidad de la educación de los estudiantes aprendices de inglés, los más pobres y de minorías.
La Ley para la Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965 ha sido un instrumento poderoso en la meta de lograr que todos los alumnos, sin importar la raza, etnicidad y solvencia económica tengan los recursos y el respaldo necesario para lograra el éxito académico. En 2001 se reautorizó la ley ESEA bajo el nombre de NCLB con una gran ilusión que no funcionó en la práctica. Después de varios años de discusión finalmente parece que hay suficiente acuerdo en el Congreso para que se apruebe el Every Child Achieves Act, como una versión más ligera del NCLB.
Este nuevo proyecto, ante la molestia creada por NCLB con sus exámenes y exigencias federales -por ejemplo la loable pero difícil meta de que los alumnos lean de acuerdo al nivel en que están- le devolvió a los Estados la libertad de establecer sus sistemas de responsabilidad (accountability), eliminando el actual de progreso anual y pueden establecer sus propios estándares académicos, dejando atrás la obligatoriedad de Common Core, lo que significa una victoria conservadora.
El problema es que ahora cada Estado decidirá cómo interpretar y usar el resultado de los exámenes, determinar cuáles escuelas no rinden bien de acuerdo a su criterio y que hacer con ellos. Esto elimina la base del ESEA que es otorgar fondos federales y vigilar que sean usados donde más se necesita. El gobierno federal tiene un papel histórico, que queda relegado con la firma de esta ley, de proteger a las minorías para que no sean discriminadas.
Es necesario que se introduzca esta protección en la negociaciones entre la Cámara Baja y el Senado. Hay que mantener que el fin de la ley educativa no es eliminar al gobierno federal cambiando NCLB, sino reafirmar el ESEA garantizando la protección del derecho de todos los alumnos a una educación justa.
