Sólo el 13% de los indocumentados serían prioridad de deportación

Bajo las directrices migratorias que comenzó a aplicar la Administración Obama a principios de mes, sólo el 13% de la población indocumentada, o cerca de 1,4 millones, serían “prioridad” de deportación, según un informe divulgado este jueves por el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).
El informe de 36 páginas examinó en particular las prioridades de deportación bajo el nuevo Programa de Prioridad Policial (PEP) que reemplazó al polémico programa de “Comunidades Seguras”, y ha sido publicado en medio de ataques conservadores sobre el presunto débil cumplimiento de las leyes migratorias en el país.

Escudo para casi 10 millones

Según el documento, las nuevas prioridades de deportación delineadas en un memorándum de noviembre pasado, escudarían de la deportación al 87% de los indocumentados, o un total de cerca de 9,6 millones, en comparación con un 73% en 2010 con el extinto programa. Eso da cierto alivio a la mayoría de los indocumentados que siguen esperando la aprobación de una escurridiza reforma migratoria.
La mayoría de los indocumentados que posiblemente se beneficien del nuevo enfoque son aquellos que entraron antes de 2014, no tienen antecedentes penales y no afrontan órdenes de deportación.
Para el gobierno, la prioridad de deportación recae en indocumentados condenados por delitos graves, que pertenecen a pandillas, que son un peligro para la seguridad pública y nacional, o que han cruzado recientemente la frontera.
Desde ese prisma, MPI estima que unos 690,000 indocumentados condenados por delitos graves quedarían expuestos a la deportación, así como unos 640,000 que entraron después de enero de 2014, y unos 60,000 que han desoído las órdenes de deportación de un juez de Inmigración.
MPI además calcula que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reduciría en 25,000 el número de deportaciones al año desde el interior del país, si se aplican plenamente las nuevas prioridades.
Así, el total de deportaciones desde el interior de EEUU serían de menos de 100,000 al año, por primera vez desde 2006.
Esto se debe en parte a que, bajo las órdenes ejecutivas de 2014 del presidente Barack Obama, el DHS centraría la mayor parte de sus recursos y atención a la vigilancia de la frontera sur, por lo que un aumento en la deportación de indocumentados detenidos en la zona compensaría el descenso en las deportaciones desde el interior del país.

Enigma sobre impacto de “PEP”

El informe, elaborado por Marc Rosemblum, señaló que, en todo caso, esto es solo un posible escenario porque persisten preguntas sobre el verdadero impacto del programa “PEP”, que en casos limitados permite la detención de un indocumentado durante 48 horas hasta que pasa a custodia federal si existe causa probable.
En general, la mayoría de los republicanos quiere que la participación en “PEP” sea obligatoria, pero el DHS se resiste argumentando que “Comunidades Seguras” se canceló precisamente porque los tribunales lo declararon inconstitucional.
La tarea del cumplimiento de las leyes migratorias recae en los agentes federales, quienes no pueden obligar a la policía local a mantener detenido a un indocumentado.
Según observadores, el informe con toda seguridad dará abono a grupos opuestos a los alivios migratorios y que además desde siempre han criticado la política migratoria de Obama.
El asesinato de Kathryn Steinle en San Francisco (California) el pasado 1 de julio a manos de Francisco López Sánchez, un inmigrante mexicano indocumentado, ha encendido el debate nacional sobre la negativa de más de 300 ciudades y jurisdicciones a colaborar con los agentes de Inmigración, y la “discreción procesal” respecto a los “deportables”
López Sánchez, acusado del asesinato, tenía una larga lista de condenas, ya había sido deportado en varias ocasiones, y tenía órdenes de detención obligatoria por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas, pero las autoridades locales en San Francisco lo dejaron en libertad.