Fin a la detención de niños
Niños migrantes en albergues Crédito: Archivo | Getty
El fallo judicial contra el encierro de niños con madres migrantes debería dar punto final a un capítulo poco honroso de la administración Obama.
El viernes, la jueza federal Dolly Gee determinó que el gobierno viola una determinación de 1997 que regula la detención de menores. Y que no importa si los niños están o no acompañados: si la madre está detenida también ella debe ser liberada.
Los centros migratorios de detención incumplen requisitos básicos de derechos humanos. La ley requiere que sean instituciones licenciadas para el cuidado de niños y que los menores deben ser puestos en libertad en 72 horas a menos que constituyan un riesgo para otros o para sí.
Eso no se ha cumplido. Y en las celdas no se mantienen las mínimas condiciones de sanidad y seguridad.
El gobierno tiene hasta el 3 de agosto para apelar la decisión o explicar por qué no cumpliría en 90 días una orden de liberación.
Se trata del destino de miles de menores centroamericanos, con edad promedio de nueve años, que huyen de la violencia, persecución y abuso en sus países e ingresan a Estados Unidos ilegalmente.
Es cierto que el gobierno ha buscado recientemente maneras de minimizar el daño. Incrementó el ritmo de procesamiento de casos para madres encerradas un año o más; dijo que permitirá a centenares de mujeres y niños salir en libertad si demuestran ser elegibles para asilo; anunció mejoras en las condiciones de vida; estableció juntas independientes de asesoramiento y aseguró que las fianzas serían “razonables”.
Sin embargo, hasta ahora, la administración insiste en que encerrar a quienes cruzan disuade el flujo de menores de Centroamérica.
Y lo hace, aunque ya en febrero, otro juez federal había dictaminado que esta política de disuasión e intimidación es “probablemente ilegal” y que no alcanza con pronunciar las “palabras mágicas -seguridad nacional- para justificar la privación de la libertad”.
El gobierno federal tiene a su cargo la administración de las fronteras, la autoridad para determinar quién puede entrar legalmente al país y los recursos correspondientes.
Precisamente, debería usar su poder para solucionar este problema humanitario.
El gobierno no debería buscarle más vueltas a una causa ya perdida ni insistir en mantener a los menores con sus madres tras las rejas.
Encerrar a los niños migrantes no solamente es inhumano. Es una práctica claramente ilegal, y debe terminar lo antes posible.
