Cuando la ley no es suficiente

Esta realidad jurídica ha dejado a Edgar y a los padres de Priscila en una situación que se está volviendo más común a medida se deciden los casos de niños que han huido de Centroamérica

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Crédito: Shutterstock

A Edgar nunca se le enseñó la lengua de señas en su país natal de El Salvador a pesar de que el nació con sordera profunda. Edgar no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, de aprender, de hacer amigos, o de construir un futuro. Debido a su discapacidad, la vida de Edgar cuando era un niño era una víctima de continuo acoso, discriminación y aislamiento.

Así que cuando tenía sólo 17 años, Edgar huyó de El Salvador a los Estados Unidos, en donde se le concedió asilo dos años después de llegar gracias a la ayuda del programa de asistencia médico-legal Terra Firma de Caridades Católicas en el Bronx. El gobierno de los Estados Unidos reconoció que él no podía regresar a El Salvador porque lo más seguro es que el sería objeto de persecución, de ser negado de recibir algún tipo de educación, y de que se le impidiese seguir una carrera. Ya ahora seguro en Queens, al lado de su madre y de su padre quien tiene un estatus legal temporal, Edgar puede asistir a la escuela, está recibiendo la educación que merece, está siendo entrenado en el lenguaje de señas; y tiene la promesa de un futuro digno. Con el tiempo, Edgar será capaz de obtener la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, la hermana menor de Edgar no es tan afortunada. Al igual que Edgar, Priscila también huyó de El Salvador. Tal como Edgar, Priscila pidió asilo; sin embargo, su petición fue negada por el gobierno de los Estados Unidos debido a que ella no sufrió el mismo nivel de persecución de Edgar. Ahora, representada por el proyecto de defensa ante la deportación de la agencia Immigrant Children’s Advocates Relief Effort (ICARE), Priscila se enfrenta a un proceso judicial que probablemente va a resultar en su deportación a El Salvador. Debido a que cada caso de asilo debe ser decidido de forma individual, la ley sostiene, y tal vez requiere, que el juez de inmigración emita la orden, a pesar de esta separe a la familia de Edgar.

La ley no permite que Priscila sea añadida a la solicitud de Edgar. Cuando un adulto solicita el asilo, la ley permite que los cónyuges e hijos menores de edad sean incluidos, independientemente de que hayan o no experimentado los mismo daños. Pero cuando los niños experimentan algún daño, no existen beneficios similares: los hermanos y los padres de los niños deben presentar su propio caso o tienen que vivir separados.

Esta realidad jurídica ha dejado a Edgar y a los padres de Priscila en una situación que se está volviendo más común a medida se deciden los casos de niños que han huido de Centroamérica. ¿Qué se queden en los Estados Unidos mientras Priscilla regresa sola a El Salvador? ¿Qué se vaya uno de los padres –o los dos- con ella y dejen a Edgar atrás? ¿O que se mantenga la familia unida y regresen todos a El Salvador donde Edgar experimentará sufrimiento y discriminación? Edgar y los padres de Priscilla se enfrentan a una decisión que ningún padre debería ser obligado a tomar.

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