Pese a orden judicial niños detenidos afrontan limbo legal, según expertos
DHS tiene hasta el 23 de octubre para responder a orden de ponerlos en libertad
Washington.- Pese a que una jueza federal ha ordenado la puesta en libertad de niños en tres centros de detención, el gobierno sopesa sus “opciones” y prolonga el limbo legal de los menores, afirmaron este lunes expertos y activistas.
El viernes pasado, la jueza federal Dolly Gee ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ponga en libertad “sin demora” a los niños en los centros de detención, y preferiblemente los entregue a un padre de familia, o a las madres con las que fueron arrestados en la frontera sur.
El pasado 24 de julio, la jueza, designada por el presidente Barack Obama, ya había dejado en claro que el gobierno está violando el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, que prohíbe la detención de menores y estipula condiciones para su alojamiento en un ambiente menos “restrictivo”.
El DHS tiene hasta el 23 de octubre próximo para responder al fallo de Gee, pero el sábado pasado dijo que, junto con el Departamento de Justicia, está estudiando “todas las opciones disponibles”.
Entre esas opciones está el cumplir con la orden de Gee, o apelar el fallo de Gee, y bajo ese escenario se prolongaría la detención indefinida de los menores.
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Opciones y consecuencias
Peter Schey, director ejecutivo del Centro para Derechos Humanos y Ley Constitucional, implicado en el caso, afirmó que el fallo de Gee no sólo es un revés para la Administración Obama sino que protegerá a madres y niños de detenciones prolongadas e innecesarias.
Varios grupos pro-inmigrantes, entre ellos el Concilio Estadounidense de Inmigración (AIC) y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), se hicieron eco de Schey, al señalar que el gobierno ya no puede ocultar su “horrendo maltrato” de niños que huyen de la persecución, y debe corregir la marcha.
El consenso de abogados consultados hoy por este diario es que una apelación del gobierno para “ganar tiempo” sólo perjudicaría a los menores.
“Una posible opción (del DHS) es apelar el fallo de Gee, lo que detendría la orden hasta que se ventile la apelación. Pero el gobierno debe hacer lo correcto, lo justo, lo humanitario, que es soltar a estos niños”, afirmó el abogado José Pertierra.
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“Sigo con la esperanza de que ambas partes del litigio alcancen un acuerdo negociado, y el gobierno cese la práctica de encerrar a niños, porque está violando sus derechos humanos”, agregó Pertierra.
Por su parte, otro abogado, Matthew Kolken, calificó de “inadmisible” la insistencia de la Administración Obama de mantener a los menores en “campos de internamiento para la deportación”, donde afrontan “amplias condiciones deplorables”.
“Desde un punto de vista humanitario, la única opción viable que debe sopesar la Administración es sacar de inmediato a los niños de esas jaulas, no perseguir una apelación arrogante, peligrosa y legalmente indefensible”, puntualizó Kolken.
En juego está el futuro de unas 1,400 madres y niños migrantes encerrados en tres centros de detención, que tendrían que esperar a la decisión del noveno circuito de apelaciones, si la Administración Obama decide prolongar esta batalla legal.
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