¿Cómo influyen las empresas de cárceles para indocumentados en los presidenciables?
Donaciones salpican a precandidatos presidenciales de ambos partidos
El Centro de Detención Adelanto, de ICE, es operado por la compañía privada GEO Group. Crédito: Getty Images
WASHINGTON.- Las empresas a cargo de cárceles privadas y centros de detención de inmigrantes en EEUU se encuentran bajo los reflectores por sus donaciones e influencia en la política nacional, un asunto que salpica a precandidatos presidenciales en ambos partidos.
Durante la gala del Instituto del Caucus Hispano (CHCI), un activista del grupo United We Dream Action intentó interrumpir el discurso de la precandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, quien anoche alababa las contribuciones de los hispanos y denunciaba la retórica incendiaria antiinmigrante de rivales como el magnate empresarial Donald Trump.
El activista, identificado como Juan Carlos Ramos, reclamaba que Clinton estuviese aceptando donaciones de empresas que operan centros de detención para familias de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) porque, según explicó en un comunicado, eso “socava sus promesas pro-inmigrantes”.
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Un análisis de este diario constató que los republicanos conforman la mayoría de quienes se benefician de las donaciones de las tres principales compañías carcelarias – CCA, GEO Group y Management and Training Corp (MTC)- que suelen invertir principalmente en campañas de presión en legislaturas estatales.
En 2014, éstas gastaron cerca de $2 millones en campañas de presión política ante el Congreso, encima de los más de $500,000 que individuos de estas empresas destinaron a candidatos federales ese año.
Donaciones para influir en políticas
Según datos internos del Centro para Políticas Responsables (CRP), a los que tuvo acceso hoy este diario, Clinton ha recibido hasta junio pasado $2,700 en contribuciones directas de una empleada de MTC.
De entre los precandidatos presidenciales republicanos, Mike Huckabee recibió $1,000 de un individuo vinculado con CCA, mientras que Marco Rubio recibió donaciones de dos empleados de Geo Group, por mil dólares cada uno.
Geo Group, sin embargo, también ha dado donaciones por $100,000 al grupo de acción política independiente “Conservative Solutions”, que apoya a Rubio, y dos donaciones de $100,000 cada una al grupo “Right To Rise” que apoya al exgobernador de Florida, Jeb Bush.
Los grupos que respaldan a Clinton no han recibido donaciones de las cárceles privadas, según el documento.
Otro desglosado del CRP indicó que en 2015, la CCA ha gastado $450,000 en gastos relacionados a cabildeo o acciones de presión política, aunque en 2005 la cifra fue de casi $3.4 millones. Desde 1989, CCA y Geo Group han gasto cerca de $25 millones en campañas de cabildeo.
Promesas demócratas
Consultadas por este diario, la campañas de Clinton, la del exgobernador de Maryland, Martin O’ Malley, y la del senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, aseguran que apoyan eliminar las cárceles privadas y centros de detención para familias.
La campaña de Clinton recordó que en julio pasado ésta presentó un plan para la reforma del sistema de justicia criminal, que incluye ajustar las sentencias mandatorias mínimas para delitos menores y el paulatino desmantelamiento de las prisiones privadas. Como parte de una reforma migratoria, ha prometido centrar los recursos federales en indocumentados que representan una “amenaza violenta” a la seguridad pública, además de eliminar los centros de detención de inmigrantes.
Mientras, la campaña de O’Malley aseguró que también éste clausurará las cárceles privadas federales y los centros de detención, a la vez que recurrirá a alternativas a la detención de inmigrantes “en la medida que sea posible”.
Por su parte, la campaña de Sanders dijo que éste apoya eliminar las cárceles privadas y la práctica de detención de inmigrantes y de quienes buscan asilo.
De hecho, como senador, presentó el mes pasado el proyecto de ley “La Justicia No Está a la Venta”, que prohibiría los contratos federales para cárceles privadas en un plazo de tres años.
Las campañas de los precandidatos presidenciales republicanos no han explicado sus posturas en torno a este asunto y mantienen divisiones respecto al futuro de la reforma migratoria.
Jugosos contratos
La CCA y otras cárceles privadas con fines de lucro han visto un enorme incremento en sus ingresos multimillonarios debido en parte al encarcelamiento masivo de las últimas décadas y, recientemente, a jugosos contratos federales para administrar centros de detención de indocumentados.
Se calcula que las empresas privadas albergan a cerca del 6% de los prisioneros estatales, el 16% de los reos federales y cerca de la mitad de los inmigrantes bajo custodia federal, indicó un informe de 2011 de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).
La CCA, en particular, está a cargo de unas 66 instalaciones correccionales, con un total de 91,000 camas en 19 estados y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense. En 2012, sus ingresos excedieron los $1,700 millones, según el centro de investigación “In the Public Interest”(ITPI).
Tanto la CCA como GEO Group y MTC tratan de incorporar cuotas mínimas en sus contratos federales, sin importar la tasa de criminalidad en las zonas donde operan. Es decir, estas empresas se lucran entre más aumente la población carcelaria, según la investigación de ITPI.
