Fiscalía General de NY devuelve edificio a renta estabilizada

Luego de pasar años sufriendo continuas y exageradas alzas de alquileres, los residentes de un edificio de Washington Heights respiran ahora aliviados luego que la Fiscalía General del estado anunciara este jueves un acuerdo con los propietarios del inmueble para devolver el estatus de “renta estabilizada” a sus apartamentos.

El fiscal Eric Schneiderman indicó que el acuerdo fue conseguido luego de una acción de disolución emprendida contra la cooperativa de vivienda Ft. George Apt. Corp y sus accionistas.

A través de la decisión se resuelven las acusaciones de que Ft. George Apt Corp. se aprovechó de una exención de estabilización de alquiler destinada a promover la propiedad de vivienda y proteger a propietarios individuales, no a los dueños de edificios.

Schneiderman explicó que el acuerdo establece que todos los inquilinos que residen en el edificio de 44 apartamentos -ubicado en el 121-131 de la avenida Ft. George, en Manhattan- tendrán derecho a alquileres estabilizados a precio económico.

Asimismo, el propietario podrá replantear el plan de cooperativa existente para proporcionar una oportunidad exclusiva para los inquilinos de comprar su apartamento con un descuento de 25% a partir de los precios de mercado, con acceso a servicios de orientación para compradores de vivienda, asistencia para el pago y el acceso a la financiación convencional y a tarifas competitivas. La otra opción para el propietario sería convertir el edificio en una cooperativa de vivienda de equidad limitada.

En 1987, el inmueble –que era un edificio de alquiler de viviendas- se convirtió en un cooperativa de vivienda, según indicó la Fiscalía. Agregó que antes de ocurrir esto, todos sus inquilinos disfrutaban de estabilización de alquileres o protecciones de control de alquileres.

Luego, el propietario original dejó de vender acciones a los compradores de vivienda y, en lugar de eso, comenzó a adquirir todas las acciones que habían sido vendido para luego alquilar los apartamentos a precio de mercado. En 2014, todas las acciones de la cooperativa fueron vendidas a varias empresas que, de inmediato, buscaron aumentar los alquileres drásticamente a las familias que se les vencía el contrato de arrendamiento.

El dominicano Juan Rosa, cuyos padres viven en ese edificio desde 1993, contó a El Diario cómo fueron afectados por este cambio. “Después de pasar una niñez tranquila y crecer junto a los mismos vecinos, nos comenzaron a subir el alquiler en forma desproporcionada”, dijo Rosa. “Nos quejamos antes, pero nada sucedió. Ahora sí nos sentimos aliviados, satisfechos por este acuerdo. Es muy alentador -para personas de bajos ingresos-  saber que se ha hecho justicia y que tenemos protección”.

Rosa, quien se mudó en 2011, dijo que sus padres y sus hermanas continúan viviendo en el edificio y se sientes beneficiados por el acuerdo que logró la fiscalía.

Por su parte, Schneiderman señaló que “el acuerdo de hoy es un ejemplo más de nuestra lucha para proteger a los inquilinos que son inapropiadamente privados de vivienda asequible”. Agregó que esto “no solo ofrece protecciones en renta estabilizada a los inquilinos, sino que además promueve la propiedad de vivienda”.

La acción de la fiscalía:

• En enero de 2015, la Fiscalía General recibió quejas de inquilinos indicando que desde hacía tiempo se enfrentaban a sustanciales aumentos de renta.
• La fiscalía presentó documentos intentando disolver la corporación de los propietarios y solicitó una orden de restricción temporal para impedirles que desalojaran a los inquilinos que se negaban a pagar el aumento de alquiler.
• En el documento se alegó que la cooperativa de vivienda estaba sujeta a disolución por actuar en contra de su objetivo social: vender acciones de apartamentos para su uso como residencias.
• También se alegó que la cooperativa estaba explotando una exención destinada a unidades de renta estabilizada operando bajo el disfraz de una cooperativa, pero actuando en realidad como un edificio con fines de lucro.