Editorial: Armamento para terroristas

La seguridad nacional es el tema dominante después del cruento ataque  en Paris, Francia. Hay una gran preocupación de que haya terroristas entre los refugiados sirios que están por venir o que los agentes de ISIS puedan penetrar por las fronteras. Por eso se refuerzan los controles y medidas de seguridad. Sin embargo, hay algo intocable y es el “derecho” de los sospechosos de terrorismo de armarse hasta los dientes.

La ley federal prohibe que los convictos, drogadictos, fugitivos y  culpables de abuso doméstico puedan adquirir armas. Pero según un análisis de la Oficina de Contraloría General (GAO) de 2010, ”la membrecía en una organización terrorista no le prohibe a una persona tener armas de fuego y explosivos, según la actual ley federal”. Como resultado el GAO estimó que entre 2004 y 2014, por lo menos en 2,233 ocasiones los sospechosos de tener lazos con el terrorismo intentaron comprar armas. En 2,043 casos (el 91%) lo hizo sin problemas.  

Se estima que hay 700 mil personas en la lista de vigilancia, una cantidad que según los críticos incluye a familiares y conocidos de sospechosos. También es sabido que hay nombres que no deberían de estar allí.

Por eso,  la senadora Dianne Feinstein (D-CA) y el congresista Peter King (R-NY) presentaron este año la Ley para Negar Armas de Fuego y Explosivos a los Terroristas Peligrosos de 2015. Allí se impedía la compra de armas a las personas en la lista y creaba un proceso para que un individuo pueda apelar para sacar su nombre de allí. Pero la oposición de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) impidió lo que era una medida más que razonable, que equilibraba el interés de la seguridad con el respeto a la Segunda Enmienda.

La lógica perversa del NRA asegura que todo control de armas, incluso si evita que caigan en manos terroristas, es un ataque al derecho de los estadounidenses y no impide que los delincuentes las adquieren. Este argumento es el que ha frenado pasadas propuestas republicanas, demócratas y bipartidistas cuyo fin principal era cerrar la posibilidad de que sospechosos de lazos terroristas compren armas.

Esta es una contradicción insostenible a la hora de garantizar la seguridad pública.