Activistas piden protección contra redadas a migrantes afectados por traumas

WASHINGTON – Un número sustancial de migrantes centroamericanos en centros de detención o en la mira de las redadas sufren de trastornos mentales debido al trauma que vivieron en sus país y merecen la protección del gobierno, afirmaron este martes activistas de más de 150 organizaciones de todo EEUU.

En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y a la fiscal general, Loretta Lynch, a la que tuvo acceso este diario, los activistas pidieron que el gobierno tome las precauciones y “modificaciones” necesarias para proteger a inmigrantes que padecen condiciones como el Síndrome de Estrés Postraumático (PTSD, en inglés) y otros trastornos mentales.

Si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no frena las redadas contra estos individuos, estaría violando los estatus de derechos civiles dentro de la ley conocida como el “Acta de Rehabilitación de 1973”,  que indicaron en la carta con fecha del lunes.

“La naturaleza violenta con la que se llevan a cabo las redadas del DHS suponen un riesgo sustancial de hacer más daño y agravar los síntomas de trauma” de los migrantes, subrayaron.

En concreto, pidieron que el gobierno revise la forma en que se están realizando las redadas y las suspenda mientras completa esta revisión.

Además  solicitaron que las autoridades federales modifiquen “de inmediato” las políticas del DHS para asegurar que los refugiados con discapacidades tengan “acceso significativo” a ayuda legal y a información adecuada dentro de su procesamiento como solicitantes de asilo.

Los activistas, de grupos cívicos, sindicalistas, religiosos y comunitarios señalaron que buena parte de los miles de centroamericanos que han huido de sus países desde principios de 2014 fueron expuestos a “un trauma sustancial y profundo”, incluyendo la violencia de pandillas.

“Una proporción muy alta de madres y niños de Centroamérica en la mira de ICE han sobrevivido ataques sexuales u otras formas de extrema violencia, han sufrido la pérdida de familiares cercanos, y hoy sufren las inevitables consecuencias de estar expuestos a este trauma”, precisaron en la misiva.

En junio pasado, la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA) lideró una queja contra el DHS en la que documentó el impacto negativo que ha tenido la práctica de la detención en madres y niños que han sido víctimas de trauma y han soilcitado asilo en EEUU.

Al confirmar el lunes la detención de 121 indocumentados en sendas redadas en Texas, Georgia y Carolina del Norte, Johnson dijo que su agencia tomó precauciones, incluyendo el despliegue de mujeres agentes y personal médico, y que se tomaron en cuenta situaciones personales de algunos individuos.

Consultado hoy al respecto por este rotativo, el DHS no ha precisado cuántas personas presentaron problemas de salud y no fueron detenidos en las redadas. Las operaciones policiales, insistió DHS, están dirigidas a personas que ya recibieron órdenes de deportación y agotaron sus recursos legales para obtener asilo.

Johnson dejó en claro que continuarán las redadas para disuadir la emigración ilegal de Centroamérica, mientras agilizan “mecanismos” para procesar a posibles refugiados en sus países de origen.

Pero el programa de refugiados centroamericanos excluye a menores que tienen padres indocumentados en este país.