Comisión de Derechos Civiles de EEUU pide cese “inmediato” de redadas

WASHINGTON.- En lo que supone un revés para la Administración Obama de cara a la opinión pública, la Comisión para los Derechos Civiles de EEUU ha pedido el cese “inmediato” de las redadas y cuestionó la legalidad de las deportaciones, porque muchos centroamericanos no tuvieron acceso a ayuda legal.

“Como defensores de los derechos civiles de la nación, la Comisión de Derechos Civiles de EEUU no puede guardar silencio mientras nuestro gobierno federal deporta a mujeres y niños refugiados, cuyo derecho al debido proceso pudo haber sido negado en primera instancia, a situaciones que potencialmente son una amenaza para su vida en sus países de origen”, dijo el presidente de la Comisión, Martín Castro.

“El permitir que continúen estas deportaciones contraviene nuestros valores como estadounidenses”, agregó Castro, designado al cargo por el presidente Barack Obama.

La decisión de la Comisión, del pasado día 22 y difundida hoy,  da fuerza a grupos proinmigrantes y líderes demócratas del Congreso que exigen un cese de las deportaciones.  Esta mañana, más de 270 organizaciones proinmigrantes de todo el país enviaran una carta a Obama con el mismo reclamo.

Tras revisar la situación de las familias en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Comisión determinó que la falta de acceso a un abogado durante el inicio de sus procedimientos judiciales, o la obstrucción a esa ayuda, pone en tela de juicio la legalidad de las órdenes de deportación con las que ahora la Administración justifica las redadas.

Por ello, por votación mayoritaria, la Comisión pidió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ponga fin a las redadas contra mujeres y niños centroamericanos indocumentados, y permita que quienes soliciten asilo obtengan una revisión de sus casos para determinar si los agentes federales violaron su derecho al debido proceso.

Asimismo, la Comisión pidió que quienes están en la mira de las deportaciones tengan la oportunidad de conseguir ayuda legal gratuita para que puedan argumentar bien sus casos de asilo, si esa oportunidad les fue negada previamente.

Informe advirtió de los abusos en septiembre pasado

En septiembre pasado, la Comisión presentó al Congreso y a la Administración Obama un informe sobre las violaciones de los derechos civiles en los centros de detención de inmigrantes, tras visitar los centros en Karnes y Port Isabel, en Texas, en mayo de 2015.

En ese informe, la Comisión recomendó que el DHS pusiera en libertad “de inmediato” a las familias migrantes y que el Congreso redujera los fondos para los centros de detención de migrantes y apoyase en vez alternativas menos costosas.

Al igual que ahora, el análisis determinó que varios centros de detención estaban violando los estatutos y políticas federales en torno al trato de inmigrantes y de niños no acompañados, además de interferir con los derechos constitucionales de los migrantes.

Aunque la Comisión dijo que el gobierno federal había realizado mejoras en el sistema de detención de inmigrantes, recomendó la puesta en marcha de un grupo de trabajo para evaluar y corregir los problemas en el programa de deportaciones de ICE.

También hizo énfasis en que el gobierno federal se esforzara en garantizar el acceso de los migrantes al debido proceso y su derecho a un abogado, como lo estipulan la Quinta Enmienda de la Constitución y el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965.

La Comisión, creada por el Congreso en 1957, es una agencia independiente que se encarga principalmente de investigar quejas de violaciones a los derechos civiles con base a la raza, color, religión, orientación sexual, origen nacional, o debido a prácticas fraudulentas.

Además de recabar información sobre estas quejas, la comisión prepara informes y hace recomendaciones a la Casa Blanca y al Congreso.