EEUU ultima plan para procesamiento de refugiados centroamericanos en terceros países

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU ultima los detalles de un nuevo programa para procesar,  con la ayuda de Naciones Unidas, a posibles refugiados centroamericanos en terceros países, con la meta de reducir drásticamente la continua emigración ilegal desde la región, afirmó este lunes un funcionario del alto rango del Departamento de Estado.

En entrevista con este diario, Juan Sebastián González, diplomático a cargo de la política en Centroamérica y el Caribe, dijo que el reciente encuentro en Washington del vicepresidente Joe Biden con los tres presidentes del “triángulo del Norte” -de Guatemala, Jimmy Morales, de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y de Honduras, Juan Orlando Hernández-,  refleja el compromiso de EEUU de fomentar la seguridad y prosperidad de la región y poner freno a los peligrosos cruces ilegales en la frontera sur.

“Estamos tratando de ultimar los pormenores del programa anunciado por el secretario de Estado (John) Kerry en enero pasado para el procesamiento de solicitudes de asilo desde terceros países. Estamos buscando todas las opciones”, aseguró González, de origen colombiano.

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Ese programa ampliaría el acceso al Programa de Admisiones de Refugiados de EEUU para individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras, y contará con nuevos centros de procesamiento en la región para quienes huyen de la violencia.

Bajo ese plan, se calcula que hasta 9,000 migrantes del “triángulo del Norte” podrían ser admitidos cada año a EEUU o a otros países como refugiados, una vez que demuestren “miedo creíble” y demás requisitos.

La prioridad para EEUU es que Centroamérica “sea segura y próspera, no sólo por el tema de inmigración sino porque es un puente económico entre EEUU, México y el resto de la región”, afirmó González, exasesor especial de Biden.

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Un programa anunciado en diciembre de 2014, a raíz de la crisis humanitaria en la frontera ese año, pensado para niños centroamericanos con padres que tienen estatus legal en EEUU, ha tenido poco acopio, pero González lo achacó a que, al igual que con otros programas similares en otras partes del mundo, inicialmente éstos arrancan a baja velocidad.

“El primer año es un poco lento, pero estamos acelerando el ritmo de personas que están siendo aceptadas bajo el programa”, que obtuvo unas 6,000 solicitudes, señaló.

Por otro lado, González dijo estar al tanto de informes que advierten de que muchos centroamericanos se siguen aventurando a emigrar ilegalmente pese a las campañas publicitarias financiadas por EEUU para disuadir ese fenómeno.

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“Las soluciones que estamos tratando de avanzar no son de un día para otro… la única solución a largo plazo para que las familias no expongan a sus hijos al peligro, poniéndoles en manos de coyotes, es fomentar las oportunidades económicas y el acceso al sistema  judicial, y reducir drásticamente el clima de violencia mediante el fortalecimiento de las instituciones”, enfatizó el diplomático.

El reto este año, como lo indicó Biden la semana pasada, es coordinar la implementación de los recursos aprobados por el Congreso en diciembre pasado, por un total de $750 millones,  para el plan “Alianza para la Prosperidad”, adoptado para responder a las causas detrás de la emigración ilegal, precisó.

“El compromiso nuestro, como lo fue con el Plan Colombia, es dar apoyo financiero y político a los esfuerzos de los gobiernos y sus sociedades civiles para hacer frente a los retos de desarrollo y de seguridad. Hemos visto señales muy positivas, y EEUU está comprometido a seguir trabajando con ellos”, puntualizó.

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En enero pasado, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacaron un descenso significativo en el número de arrestos en la frontera sur,  luego del aumento registrado en los primeros cuatro meses del año fiscal 2016, cuando 45,071 niños y familias centroamericanas fueron detenidos en la zona.

No está claro si eso se debe a las redadas y deportaciones emprendidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a principio de año y que fueron condenadas por grupos pro-inmigrantes en todo el país.

Aún así, el pasado 2 de febrero, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, afirmó que si bien ese descenso es “alentador”, su agencia continuará deportando a quienes entraron a partir de enero de 2014 y que no tienen casos de asilo válidos.

Desde el Congreso, los senadores republicanos, Jeff Sessions, de Alabama, y Ron Johnson, de Wisconsin, presentaron la semana pasada un proyecto de ley para acelerar la deportación de niños centroamericanos no acompañados que cruzan ilegalmente la frontera. La medida es similar a la que aprobó la Cámara de Representantes el año pasado.