También en México hay presos políticos

MÉXICO – Oponerse al gobierno mexicano es una acción que muchas veces se paga con cárcel. Uno a uno alrededor de 650 presos políticos reconocidos por organizaciones civiles dan cuenta de ello, de los años de encierro como costo por oponerse a proyectos polémicos, bloquear carreteras, pedir cuentas o defender la tierra.

Los razones de las detención, en cambio, tienen una máscara jurídica lejana a las actividades del opositor detenido, explica el sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos San Francisco de Vitoria con sede en Puebla uno de los estados que en los últimos años tuvo un repunte en el número de este tipo de prisioneros.

“Se está criminalizando la protesta social inventando cargos contra quienes estorban”, advierte. “Las autoridades no entienden que la labor de los defensores y activistas es fundamental, importantísima para la convivencia social”.

La facilidad con que los presos políticos son puestos tras las rejas debido a la laxidad de las leyes ha engrosado el número de víctimas hasta sumar entre 500 (según el Comité Nestora Libre) y 800 según cálculos del Senador Alejandro Encinas. En promedio 650.

La prisión preventiva es una táctica en contra de un debido proceso a los presos políticos. Elena Arzaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social calcula que cuatro de cada 10 presos en México están en la cárcel sin sentencia. “Hay muchos caos en que se mete a la persona uno o dos años en espera, sin saber si es culpable o inocente”.

Esta posibilidad legal ayuda a las autoridades a quitarse a polémicas figuras de encima entre ellos varios ya muy conocidos por sus labores como los siguientes ejemplos.

Ildefonso Zamora

El indígena ambientalista de 55 años lleva seis meses preso acusado de robo. La organización Internacional Greenpeace lo considera preso político y exige su liberación con el argumento de que su prisión se debe a las labores sociales del activista defensor de 120,000 hectáreas de bosque en San Juan Atzingo, Estado de México, desde 1998.

En 2007 el presidente Felipe Calderón le dio un premio por su activismo y prometió justicia por la muerte de Aldo, hijo de Zamora, a manos de talabosques. En cambio Misael, el otro hijo, sufrió un intento de secuestro a manos de militares.

Jacinto Barros Rodríguez

Al defensor de los derechos afroamericanos de Oaxaca lo sacaron de su casa por la fuerza. Activistas aseguran que policías y militares entraron sin orden de aprehensión y lo acusaron de portación de armas de uso exclusivo del ejército y uso indebido de uniformes oficiales para poder llevárselo en 2013.

El Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU argumenta que el arresto fue injustificado y pide su liberación desde 2015

José Manuel Mireles y otros autodefensas

El médico que creó los grupos civiles armados en contra del cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán inspirado en la ley de Usos y Costumbres indígenas está en prisión desde junio de 2014, cuando el gobierno federal tomó las riendas de la seguridad y se opuso a cualquier tipo de seguridad que no sea la oficial.

Su defensa argumenta que la portación armas por las que enfrenta el proceso penal se las dio “el mismo gobierno”.

Nestora Salgado, quien creó en 2013 la policía comunitaria en Olinalá, una zona indígena de Guerrero estuvo presa hasta hace unos días que un juez la liberó de los cargos de secuestro debido a que ella ejercía un papel de policía comunitaria contemplada en la Ley de usos y Costrumbres cuando detuvo e interrogó a sus acusadores por vender droga.

Seis de sus colegas que enfrentan los mismos cargos siguen tras las rejas.