El laboratorio antiinmigrante que seduce a Trump

María Rodríguez dejó de manejar el auto por si la policía la paraba, dejó de ir en autobús por si los agentes le pedían identificarse, dejó de comprar a diario para reducir su exposición pública. Quería volverse invisible. En 2010, cuando Arizona aprobó una dura ley contra la población indocumentada, esta mexicana vivió en tensión y miedo.

María, 39 años, trabajadora en una bodega, vive en el sur de Phoenix. Habla de la SB 1070, la ley que desde 2010 permite a las autoridades pedir la documentación a cualquier persona que parezca sospechosa de ser indocumentada. Es una norma que marcó un antes y un después en legislación contra los inmigrantes sin papeles en Estados Unidos.

Este martes Arizona votó en elección primaria, lo que intensificó todavía más la inmigración como gran asunto de la campaña presidencial de 2016. Ganó Donald Trump entre los republicanos, con su propuesta para un muro de punta a punta de la frontera sur, y Hillary Clinton entre los demócratas, con su idea de reducir pero no acabar con las deportaciones de indocumentados.

Trump confía aquí, en Arizona, en dos líderes locales reconocidos por su dureza contra la inmigración ilegal: Joe Arpaio, que se presenta como “el sheriff más duro del país” y Jan Brewer, la exgobernadora de Arizona que firmó la polémica ley SB 1070.

Dice Arpaio que, si Trump sigue sus recetas, la inmigración ilegal dejará de ser un problema; dice Brewer que el magnate es el único candidato que puede asegurar la frontera de verdad. El profesor Richard Herrera, de la Arizona State University, ve paralelismos entre la legislación desarrollada en los últimos años en el estado y las propuestas del candidato Trump: “Usa elementos de estas normas”, dice.

SB 1070, seis años de polémica ley

La ley SB 1070, que organizaciones de derechos humanos condenaron en su día, no ha sido la única norma dura con los indocumentados en el estado ni en la nación, y hay varias propuestas legislativas en trámite ahora mismo en Arizona.

“Arizona se ha convertido en un laboratorio para aprobar legislación conservadora en asuntos de inmigración”, opina la profesora Celeste González de Bustamante, de la University of Arizona en Tucson, a 70 millas de la frontera.

“Después de la SB 1070, otros estados como Georgia y Alabama aprobaron leyes también muy severas con la inmigrantes indocumentados”, dice esta profesora y periodista especializada en la frontera.

Ahora mismo la legislatura estatal de Arizona, con mayoría republicana, está tramitando varias propuestas legislativas que complicarían el día a día de los 300,000 inmigrantes sin papeles que se calcula que viven aquí, con datos de 2012 de Pew Research. En todo el país, podría haber 11 millones.

Más medidas contra indocumentados

Legisladores republicanos de Arizona han hecho propuestas para sancionar económicamente a los municipios que ayuden a personas sin papeles (HB 2223). Y también para establecer penas máximas a inmigrantes indocumentados que cometan un delito menor, a quienes se les impediría salir bajo fianza (SB 1377). Se le suma un borrador que prohibiría a Arizona usar recursos públicos para refugiados o niños migrantes (HB 2370), entre otros.

Quien lidera la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Arizona es Steve Montenegro, hispano, nacido en El Salvador y emigrado a Estados Unidos con 4 años.

— ¿Fue Arizona pionero en abordar la inmigración ilegal, que ahora está en pleno debate nacional? — pregunta Univision Noticias a Montenegro, en un evento de campaña de Ted Cruz, a quien apoya.

— El tema (migratorio) ha estado brotando por muchos años, no solo recientemente. La seguridad del pueblo de este país es el tema más importante que la Constitución nos da como líderes (…). Hay que escuchar la voz del pueblo.

— ¿Defiende deportar a todos los indocumentados, como propone Ted Cruz?

— Cada país tiene sus leyes y cada país debe aplicarlas. En este país, debemos reconocer que hay leyes y que, si las seguimos, es para nuestro bienestar y para honrar a los que estamos aquí (…).

— ¿Usted conoce a inmigrantes indocumentados?

— (4 segundos de silencio). Yo quiero asegurarme de que el tema del que aquí estamos hablando es Ted Cruz.

— Repito: ¿Usted conoce a inmigrantes indocumentados?

— Yo no estoy aquí para preguntarle a alguien el estatus que tiene. Estamos aquí para hacer leyes para la comunidad. Gracias.

La ley SB 1070, aprobada hace seis años con el voto de Steve Montenegro, el único hispano que estuvo a favor, determina que los agentes de seguridad deben parar a personas cuando exista “una sospecha razonable de que sea un extranjero presente ilegalmente en Estados Unidos”. En 2012, la Corte Suprema derogó algunas partes de la SB 1070, pero ese punto sigue vigente.

Un retroceso demográfico

En el barrio de María Rodríguez, en el sur de Phoenix, las cosas cambiaron con la ley SB 1070. Dice que hay vecinos que mandan a hacer la compra a los familiares con papeles y que muchas casas se vaciaron. Ella, que había creado su propio negocio de costurera, tuvo que cerrar. “Ya no tenía para pagar la renta”.

Una parte de la población en situación irregular se cambió de estado, otra fue deportada. Entre 2007 y 2012, según Pew Research, el número de indocumentados en Arizona se redujo un 40%, el estado con el mayor descenso, y con diferencia.

Pese al posible efecto de la Gran Recesión de 2008, varios expertos consideran que la principal causa fue la legislación antiinmigrante.

“Entre indocumentados y sus familiares, perdimos unas 500,000 personas. Sacamos a estos inmigrantes, y el estado lo sufre, no nos hemos recuperado de la recesión”, dice la investigadora Anna Ochoa O’Leary, de la University of Arizona.

La historia de María fue compleja. Pero confía en que, en unas semanas, regularizará la situación en Estados Unidos. Respira hondo y pierde la mirada cuando recuerda qué ha sido para ella ser una indocumentada.

Cruzó clandestinamente el desierto en 1991. Un trauma —dice— para la niña de 14 años que era entonces. Cuatro días de travesía; se les acabó la comida, casi fueron atropellados y huyeron de los helicópteros.

Y fue deportada de vuelta a Guerrero, México, en 2011. Fue un sábado, como a las 7 de la mañana, esperaba a unas cuñadas que venían de visita desde California. Sonó el timbre, abrió la puerta. Eran unos hombres de negro y armados, agentes de inmigración que se la llevaron en pijama.

Consiguió volver con un permiso humanitario, su marido y sus hijos son ciudadanos. Ahora un juez decidirá en breve si regulariza definitivamente su situación.

María está esperanzada. Ha vuelto a manejar.