Sobreviviente de Tlatlaya exige saber por qué se ordenó matar

Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, exige saber el por qué se dio de la orden a los elementos del Batallón 102 de Infantería de matar a las 22 personas que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón, entre quienes se encontraba su hija Erika.

“Quiero que se haga justicia y yo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que la cadena de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de matar, para acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los expedientes para averiguar lo que hay allí y ver lo que el Gobierno está ocultando”, dijo Gómez González en una entrevista con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina que es publicada por la organización Open Democracy.

Clara fue entrevistada por la revista Esquire en septiembre de 2014. Su testimonio sirvió para desmentir la versión oficial que hasta ese momento sostenía que lo ocurrido en Tlatlaya fue un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y presuntos criminales.  Durante todo este tiempo, Clara fue identificada como “Julia”. Ella estuvo en el lugar de la masacre porque había ido a buscar a su hija Erika, una adolescente de 15 años que fue la única mujer de los 22 asesinados de esa madrugada del 30 de junio de 2014.

Ella ahora relata cómo su hija desapareció un día de su ciudad natal de Arcelia, Guerrero. Recuerda que semanas después de desconocer el paradero de Erika, ella le llamó para decirle que se encontraba en las inmediaciones de Tlatlaya. “Clara fue allí a tratar de rescatarla. Madre e hija hablaron brevemente, pero los jóvenes con quienes estaba Erika las interrumpieron y las obligaron a adentrarse en un camión. Ellas fueron llevadas a un almacén, donde Clara fue enviada a un rincón para dormir”, describe la publicación.

Un tiempo después, prosigue la narración del texto, ya en la madrugada del 30 de junio de 2014, una unidad del Ejército llegó al almacén y comenzó a disparar a las personas que estaban al interior de la bodega, quienes se rindieron a exigencia de los soldados. Posteriormente algunos de ellos fueron apartados y ejecutados.

“Erika estaba entre los muertos, y todavía no está claro lo que le pasó a ella. Clara la había visto con vida, aunque débil por una herida en la pierna. Pero a Clara no se le permitió atender a su hija porque ella misma fue acusada de ser una criminal, una traficante de drogas”, detalla el texto del CELS.

Clara, quien es identificada como una maestra que trabajaba en comunidades rurales  fuera de Arcelia, fue interrogada por las autoridades y bajo presión, amenazas y tratos crueles por parte de los funcionarios del Estado de México firmó una declaración jurada sin saber lo que realmente dijo, refiere el texto. Otras dos sobrevivientes de la matanza fueron torturadas. En este contexto, fue que un periodista fue en busca de Clara para oír su versión de lo ocurrido.

“Me escondí durante tres días, pero entonces mi hijo mayor me dijo que lo hiciera, él dijo que era nada más una entrevista, sólo una simple entrevista. Me animó y así lo hice, hablé, y así es como se descubrió todo “, confió Clara al CELS.

También dijo que decidió romper el silencio porque estaba desesperada en su casa, oyendo “las mentiras en los periódicos, en las noticias, de que no fue una ejecución extrajudicial, que se trataba de un tiroteo”.

“Eso no era cierto, eso es lo que me dolía, que el Gobierno estaba diciendo que había sido un tiroteo y se estaba felicitando a sí mismo, pero ellos estaban diciendo puras mentiras … también hablaron de mi hija y dijeron que era parte del crimen organizado y eso era una gran mentira, así que también rompí el silencio en memoria de mi hija”, dijo.

“Todo el mundo en el gobierno, el Estado, quería que esto quedara en la impunidad. Pensaron que nunca hablaría “, agregó Clara.

Ahora Clara, cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que le otorgó medidas cautelares, vive con una escolta de la policía y cámaras de seguridad instaladas en su casa. Sin embargo, y a pesar de todas las complicaciones, ella dice que no quiere dejar Arcelia.

“No puedo salir a trabajar [a otras comunidades] como lo hacía antes, yo trabajo cerca ahora debido a la falta de seguridad … y cuando salgo de compras, no me siento segura tampoco porque tengo que ir con la escolta, y no es como antes, cuando podía salir sola, y divertirme, no más. La vida ha dado un giro, ha cambiado para mí “, comentó Clara al CELS.

Ella reconoció que en su ciudad no es la única que padece el impacto de la violencia, pero sabe que la mayoría de las personas tienen demasiado miedo de hablar.

“Vemos lo que ha sucedido y no decimos nada, nos quedamos en silencio, porque tenemos miedo de que nos amenacen. Porque en mi ciudad, si tu hablas o dices algo, bueno, ellos simplemente van y te llevan, te hacen algo o te desaparecen, simplemente por decir la verdad. Y eso es lo que hace el gobierno también … en vez de traer la paz, ellos traen la desgracia a la ciudad “, refirió.

Explico que a causa del clima de violencia no se sabe en quién confiar porque, comenta, “así como el gobierno recibe el apoyo de la delincuencia organizada, la delincuencia organizada obtiene el apoyo del gobierno”.

“Ellos son la misma cosa … y las personas terminan en medio. Estamos viviendo en un país de la inseguridad”, denunció.

Clara dijo al CELS que ella cree que esta violencia podría resolverse con medidas para luchar contra la pobreza, impulsar la educación y la creación de más puestos de trabajo, de manera que los hombres jóvenes que son atraídos a trabajar para las redes del crimen organizado tengan alternativas dignas. Ella confió en que el Estado debe formar a sus autoridades mejor, para que ellos traten a las personas con humanidad – y respeten la Ley.

Ella ahora exige que toda la cadena de mando responsable de lo ocurrido ese 30 de junio en Tlatlaya rinda cuentas; también pide tener acceso a los expedientes de los procedimientos judiciales militares afines, que se mantienen apartados del público e incluso de víctimas o partes interesadas, como ella misma.

Dijo que no se ha investigado a quien se llevó a Erika lejos de Arcelia. Menciona que aunque el Estado dijo inicialmente que el grupo en el almacén Tlatlaya estaba relacionado con el cártel Familia Michoacana, no ha indagado la participación de este grupo en el tráfico de personas o en la retención de niñas en contra de su voluntad.

Por el contrario, dijo, los funcionarios estatales siguen insistiendo en que Clara y Erika eran parte del grupo criminal.

“Quiero que quede claro que ni mi hija ni yo somos traficantes de droga, como lo han dicho antes. Debido a que el gobierno no ha reconocido esto. Quiero que se haga justicia y yo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que la cadena de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de matar, para acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los expedientes para averiguar lo que hay allí y ver lo que el gobierno está ocultando “, dijo Clara al CELS para el artículo que es publicado en Open Democracy.