Obra pública, el plato fuerte de la corrupción en México

MÉXICO.- Los camiones de desechos estaban prestos para partir hacia el basurero público de la Ciudad de México cuando un grupo de hombres bien vestidos los interceptó. Había órdenes superiores de bajar la carga, sumergirse en ella, husmear, rastrear cualquier sospecha y lo que encontraron fue oro molido: 58,654 hojas de papel cortadas en tiritas.

Los “hombres sabueso” tardaron todo el otoño de 2015 para pegar y hacer coincidir cada uno de aquellos recortes que no eran más que evidencias de “pagos y cobros ilegales” con los que el titular de la delegación Cuauhtémoc Ricardo Monreal inició una demanda legal en contra de su antecesor Alejandro Fernández.

Los delitos son múltiples y el proceso de investigación continúa, pero de acuerdo con declaraciones de Monreal, el ex delegado Fernández (2012- 2015) habría cobrado alrededor de 1.5 millones de dólares mensuales por sobornos; de los cuales, una quinta parte vendrían de permisos irregulares para obra pública.

Organizaciones en contra de la corrupción en México como Transparencia Mexicana, presidida por Eduardo Bohórquez, coinciden en “que la mayor corrupción (y la más jugosa) está relacionada a la ejecución de obra”, sea a través de adjudicaciones directas, obras de escaso beneficio público o permisos de construcciones incluso en contra del bien común.

Durante el gobierno de Fernández se autorizaron 835 nuevas construcciones privadas principalmente en el corredor turístico Roma- Condesa, una zona de alto riesgo sísmico que en los últimos años tiene alta demanda entre las clases pudientes de la capital mexicana, hipsters, intelectuales y extranjeros.

Entre estas nuevas obras destaca construcción de un edificio de 10 niveles ubicado en la esquina de la calle Baja California y Cholula entre pequeñas casas de dos plantas y edificios de máximos cuatro pisos porque los riesgos de colapso son altos.

“Los edificios medianos de entre ocho y 15 pisos son los que tienen mayor problema porque estos edificios generalmente son construidos en lotes muy pequeños y sacrifican la estructura por estacionamientos subterráneos”, explicó José Ávila, arquitecto y evaluador de riesgos sísmicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El equipo del delegado Monreal calcula que su antecesor recibía alrededor de 300,000 dólares mensuales por pagos irregulares para permisos de obras que no cumplían los requisitos y proyectos que pudieron adjudicarse de manera directa en lugar de licitarse como ordena la ley, sin embargo la sanción hasta ahora es sólo una inhabilitación por tres años.

Castigos similares recibieron nueve de sus subordinados entre 121 que tienen acusaciones en la Procuraduría de Justicia de la CDMX.

“Las fiscalías de justicia en México siguen al mando del poder ejecutivo y si el político en investigación es amigo del gobernador o presidente es muy difícil que se sancione”, observa Javier Romero, analista político de la Universidad Autónoma Metropolitana.

LOS COSTOS

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calcula que entre el 20% y el 30% del presupuesto de obra pública del país se desperdicia en corrupción. Esto significa alrededor de 1.5 billones de dólares.

La pérdidas incluyen, entre otras cosas, constantes sobreprecios. “Una vez que el funcionario público recibe un soborno y adjudica o da preferencia a cierto proveedor para obra pública el presupuesto merma porque los costos de la obra pueden ser mucho más altos de la media en el mercado o los costos se elevan sin límites”.

Esto ocurrió en la construcción monumento al bicentenario de la Independencia “Estela de Luz” que se entregó con dos años de atraso y un sobre presupuesto del 169%; unos años atrás, la Biblioteca José Vasconcelos se calculó inicialmente en 90 millones de dólares y finalmente el costo se elevó hasta 180 millones de dólares; la nueva sede del Senado de la República también se valuó en la mitad de su precio final.

¿SOLUCIONES?

La Secretaría de la Función Pública en su informe final de la cuenta 2014 informó que parte del problema en las licitaciones fraudulentas radica en que los estados no tienen reglas comunes para hacer licitaciones y adjudicaciones directas para las obras.

Por ejemplo: mientras el estado de Aguascalientes el tope máximo para adjudicar obras de manera directa es de 9,000 dólares, en Chiapas el gobierno puede dar obras de hasta 28,000 dólares a quien mejor le parezca.

Pero el problema es más complejo.

“Mucho tiempo pensamos que transparentar las licitaciones era suficiente pero luego nos dimos cuenta que en realidad todas las contrataciones de obra pública deben ser abiertas al público”.

Xochitl Gálvez, de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, plantea una solución aún a prueba en pos de la transparencia: videograbar en vivo con la aplicación Periscope absolutamente todos los actos de su gobierno pero ha causado polémica y hay quien alega que incluso esta medida “viola los derechos humanos”.

Mientras tanto, una reforma a la Ley de Obra Pública se encuentra detenida en el Senado por severas críticas de organizaciones civiles que consideran que tal como está redactada actualmente “busca evitar las licitaciones” para adjudicarlas con mayor facilidad directamente a “los compadres”.

EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU TAJADA

Dos hombres altos con portafolio en mano entraron a las oficinas de uno de los ayuntamientos de Morelos sobre el que se reservan detalles porque la vida de del tesorero que narró la historia a este diario está en peligro.

“Exigieron el 10% del presupuesto de obra para sus empresas que son negocios para lavar el dinero del narcomenudeo”, cuenta en entrevista. “Y se los dimos”.

Durante presidentes municipales en México se quejan de estar atrapados entre las extorsiones del crimen organizado y la indiferencia del gobierno.

“Nosotros reportamos al gobernador y a la Policía Federal que el crimen nos impuso empresas para lavar dinero no hicieron nada, ¿qué otra cosa podemos hacer sino pagar?”, señala el tesorero. “Amenazaron al presidente municipal, al síndico y a mí que si renunciábamos nos mataban y si huíamos matarían a cualquier familiar que se quedara en el pueblo”.