Ya es ley la moratoria a la deuda de Puerto Rico
El gobernador firma la ley que permite a Puerto Rico detener el pago de su deuda
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó la moratoria a los pagos de la deuda. Crédito: Thais Llorca | EFE
SAN JUAN, Puerto Rico.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó hoy la ley que le permite detener el pago de las obligaciones derivadas de la deuda de más de 72 mil millones de dólares que acumula la Administración de esta isla, ahogada por una crisis fiscal que la ha llevado a la insolvencia.
Recordó que hace un año encargó a exmiembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) un análisis exhaustivo de las finanzas de este Estado Libre Asociado a EE.UU. cuyo resultado fue “desolador” y puso en evidencia que había que lograr una reestructuración generalizada de la deuda pública, mientras se hacía frente a la “crisis fiscal y humanitaria a la que nos enfrentamos a diario”.
Así, se ha trabajado en “medidas extraordinarias para atender los problemas de liquidez y entablar conversaciones con los acreedores sobre una propuesta de reestructuración” de la deuda.
“Hemos actuado de manera responsable, mientras tratamos de proteger la salud, el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico”, defendió hoy el gobernador para justificar la firma de la llamada Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.
En su opinión, esta ley es “una prueba más de nuestro compromiso moral y legal para, ante todo, proteger a las personas que representamos y servimos”.
“Esta legislación nos proporciona las herramientas para atender las necesidades de mayor prioridad y proveer los servicios esenciales a nuestra gente sin temor a represalias”, dijo, al tiempo que “permite que el Banco Gubernamental de Fomento pueda abordar su situación de una manera ordenada”.
Aunque desde hace nueve meses se está negociando con los acreedores, “algunos” de ellos han recurrido, según el gobernador, a “trucos” y “falseadas” dirigidos a “desinformar al público y disuadir al Congreso de hacer lo que es correcto para nuestros 3,5 millones de ciudadanos americanos”.
“Puerto Rico está insolvente y la situación requiere un esfuerzo serio para encontrar una solución. Esta Administración permanece comprometida en trabajar con todas las partes involucradas para alcanzar una resolución que beneficie a todos”, reiteró el gobernador.
La ley firmada por el gobernador fue previamente aprobada de madrugada por la Cámara de Representantes, y en la madrugada previa por el Senado local. Foto: Getty
Básicamente establece el marco legal para que García Padilla declare una emergencia fiscal y pueda establecer una moratoria sobre el pago de cualquier tipo de deuda, incluso de las obligaciones generales de este Estado Libre Asociado a EE.UU., pese a que su cobro está garantizado por la Constitución de Puerto Rico.
Además, la nueva norma permitirá reestructurar e incluso liquidar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero de la Administración puertorriqueña, al tiempo que establece las bases para crear un “banco puente” que asuma parte de las funciones de esta entidad, entre ellas la de “honrar depósitos”.
Igualmente permite que el BGF cree una nueva subsidiaria que pueda asumir las funciones de agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno, así como facilitar el esfuerzo de reestructuración.
Fundado en 1942, el BGF se creó para guiar las estrategias financieras de este Estado Libre Asociado y sus entidades públicas para financiar el desarrollo de inversiones públicas a largo plazo.
Además de servir como agente fiscalizador y asesor financiero, el BGF se convirtió en el gran prestamista de los diferentes estamentos de la Administración pública, aunque desde 2001 tiene problemas de liquidez que ha ido subsanando con la emisión de nueva deuda.
El 1 de mayo, el BGF tendrá que hacer frente al pago de deuda por 422 millones de dólares y en junio por otros 700, mientras que su liquidez actual es inferior a los 600 millones.
Puerto Rico acumula una deuda de más de 70 mil millones de dólares que, según el Gobierno, no puede seguir pagando, ya que la falta de liquidez hace que se tenga que elegir entre atender estas obligaciones o mantener la precaria prestación de servicios públicos básicos para la población.
En la actualidad, el 45 % de la población de la isla vive bajo el umbral de la pobreza, según los estándares estadounidenses, al tiempo que cada día abandona la isla una media de 166 personas, con lo que en la última década se ha perdido un 10 % de la población, que emigra a EE.UU. en busca de mejores perspectivas.
El propio gobernador reconoció hoy que la ley recién aprobada por el Legislativo disparará las demandas judiciales como la ya presentada esta misma semana por un grupo de bonistas del BGF, que reclama que el banco sea intervenido judicialmente para que no pueda seguir realizando pagos discrecionales a algunos de sus acreedores.
