La batalla por los alivios migratorios no terminaría en junio próximo

WASHINGTON – La comunidad inmigrante cifra sus esperanzas en que el Tribunal Supremo respaldará en junio próximo los alivios migratorios del presidente Barack Obama, pero el futuro de esos beneficios también dependerá del próximo inquilino en la Casa Blanca.

El Tribunal Supremo escuchará hoy lunes los argumentos orales a favor y en contra de los alivios migratorios anunciados por Obama en noviembre de 2014, que permanecen bloqueados debido a una demanda de 26 estados.

La máxima corte estudiará el futuro de la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por su sigla en inglés “DAPA”.

Si reciben luz verde del Tribunal Supremo en junio próximo, ambos programas beneficiarían a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, con un estatus legal temporal y permisos de trabajo.

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Tras la muerte del juez Antonin Scalia en febrero pasado, el Tribunal Supremo se ha quedado con ocho magistrados vitalicios y con un Congreso de mayoría republicana opuesto a votar su reemplazo.

Un empate de 4-4 prácticamente le daría la razón a los 26 estados demandantes, y dejaría en pie el bloqueo a los alivios migratorios impuesto por sendos tribunales en Brownsville (Texas) y Nueva Orleans (Louisiana) hasta que resuelva el litigio de forma definitiva.

Ante la posibilidad de un empate en junio próximo, lo más probable es que persista el caos en los tribunales, con una nueva ronda de demandas por parte de estados que apoyan los alivios migratorios, según el abogado en Inmigración, David Leopold.

“No creo que respalden la decisión del Quinto Circuito de Apelaciones; creo que, sobre la base de los méritos del caso, los jueces concluirán que el presidente Obama actuó dentro de su autoridad constitucional y que los alivios migratorios son completamente legales… la muerte de Scalia no cambió nada”, afirmó.

Futuro de alivios migratorios está atado a próximo inquilino en la Casa Blanca

Aún si el Tribunal Supremo permite la puesta en marcha de los alivios migratorios, queda esperar a los resultados de los comicios generales del próximo 8 de noviembre.

Del lado demócrata, tanto Hillary Clinton como Bernie Sanders han prometido defender y ampliar los alivios migratorios, a la vez que se han comprometido a continuar luchando por una reforma migratoria integral.

En el octavo debate demócrata el pasado 9 de marzo, Clinton dejó en claro que no deportará a los inmigrantes indocumentados ya establecidos en EEUU sino que los pondrá en “una vía hacia la ciudadanía”.

Por su parte, Sanders dijo en rueda de prensa el pasado 20 de marzo en Arizona que EEUU no necesita “muros ni alambres de púa” sino una reforma de justicia criminal y una reforma migratoria integral que “saque de la sombra a once millones de inmigrantes indocumentados”. 

Del lado republicano, tanto el magnate empresarial, Donald Trump, como el senador por Texas, Ted Cruz, han prometido deportar a los indocumentados, y desmantelar los alivios migratorios.

En Febrero pasado, Cruz prometió que, si gana, hará cumplir las leyes migratorias y deportará a los indocumentados, tomando en cuenta que Bill Clinton deportó a 12 millones en sus dos mandatos  y George W. Bush a otros diez millones en sus ocho años en el poder. 

El gobernador de Ohio, John Kasich, no ha hablado con claridad sobre qué haría respecto a las acciones ejecutivas sobre inmigración, aunque sí apoya una vía hacia la legalización pero sin la ciudadanía.

La importancia del voto latino

El eventual fallo del Tribunal Supremo, sin duda, influirá en la movilización de los votantes latinos en los comicios generales del próximo 8 de noviembre, ya alarmados por las amenazas de Trump y Cruz de desmantelar los alivios migratorios.

Los grupos pro-inmigrantes, que desde el año pasado iniciaron campañas de movilización del voto, aseguran que si el fallo va en contra de los 26 estados demandantes, con mucha más razón los latinos acudirán a las urnas.

En general, los latinos se decantan más por el Partido Demócrata y la idea de defender la eventual puesta en marcha de los alivios migratorios les daría incentivos para asegurar que la Casa Blanca quede bajo control demócrata.

En 2012, la puesta en marcha de “DACA” contribuyó a un alza en la participación de los latinos en las urnas, decididos a proteger ese programa para los “Dreamers”.

Un empate de 4-4 en el Tribunal Supremo, aunque impensable para los grupos pro-inmigrantes, bloquearía indefinidamente los alivios migratorios y devolvería el litigio a los tribunales de menor instancia hasta su resolución final.

Pero ese posible escenario podría deprimir el voto latino, incluso a niveles inferiores a los de 2012.

Con el viento a su favor

En general, activistas proinmigrantes creen que la Administración Obama tiene altas posibilidades de ganar el caso.

“Con todos los escritos legales que se han presentado en marzo y en los últimos días por parte de todos los sectores y grupos de la sociedad, el caso sigue muy fuerte a favor de la Administración, en comparación con los que apoyan a los estados demandantes”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, en inglés).

“Seguimos muy confiados de que si los jueces se centran en la ley, lo más seguro es que van a fallar a favor de la Administración… el resultado de las elecciones será muy importante, aunque sabemos que si Sanders o Clinton ganan la Casa Blanca, ellos protegerán las acciones ejecutivas”, precisó Hincapié.

Plan B, si gana un republicano

La activista indicó que, en el supuesto de que gane un republicano y éste cumpla su amenaza de desmantelar los alivios migratorios en 2017, parte de la estrategia de los grupos proinmigrantes será proteger el “DACA” para que los más de 700,000 jóvenes amparados al programa no pierdan esa protección.

Fuentes de la Administración Obama han trasladado un mensaje de optimismo a los grupos pro-inmigrantes en el sentido de que, una vez que el Tribunal Supremo falle a favor de los alivios migratorios, “estarán preparados en cuestión de semanas, no meses” para su implementación.

La idea es que entre más personas se inscriban eventualmente en ambos programas –siempre que reúnan los requisitos- será más difícil que un futuro presidente elimine esa protección o los ponga en la vía rápida a la deportación, subrayó Hincapié.