Editorial: Una ‘PROMESA’ para Puerto Rico
Es un primer paso para que la Isla pueda renegociar a largo plazo su deuda gigantezca
Finalmente en Washington se ha reconocido la urgencia de la crisis financiera de Puerto Rico al haberse llegado a un acuerdo entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca para ayudar a la Isla. El proyecto de ley no es el ideal para aliviar las presiones existentes sobre los puertorriqueños y poner su economía en una senda de recuperación, pero por algo se empieza.
El acuerdo básicamente contribuye para que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda de cerca de 70 mil millones de dólares que resulta impagable según el estado de la economía. En los últimos días la Isla no cumplió con un compromiso de 422 millones de dólares y el primero de julio tiene otro de 2,000 millones. La propuesta llamada PROMESA da un camino para reducir la deuda.
Precisamente ese aspecto es el más temido de los tenedores de bonos. Ellos exigen que se les page primero y que, por ejemplo, recién luego se abonen los beneficios de los jubilados. Con ese fin ahora cabildean al Congreso y se embarcaron en una campaña publicitaria en oposición al rescate económico (bailout) de Puerto Rico. Una acusación mentirosa porque para ganar el respaldo conservador se establece claramente que no se usan fondos federales.
Esto último es uno de los problemas de PROMESA. A corto plazo es necesario estabilizar la deuda, pero la solución al dilema de Puerto Rico es el fortalecimiento de la economía. El éxodo de millones a tierra firme en busca de mejores oportunidades redujo la base impositiva de la Isla que ya tiene 45% de su gente por debajo del nivel de pobreza.
Es lamentable que no haya habido acuerdo sobre una paridad en Medicare con fondos estables, una ampliación de créditos tributarios a los bajos ingresos (EITC) y por hijos menores (CTC) para que puedan beneficiar a las familias puertorriqueñas. Como tampoco alguna acción que aliente la inversión, que hoy está temerosa por la crisis.
PROMESA continúa con la formación de una junta supervisora nombrada desde Washington para vigilar las finanzas de Puerto Rico, y a diferencia de un proyecto anterior, le da más libertad de acción al gobernador. No obstante, la creación del comité sigue siendo una mala idea.
Esperamos que el Senado acepte esta propuesta que a la larga le permitirá a los puertorriqueños renegociar su deuda de acuerdo a sus intereses.